El Gobierno, encabezado por Javier Milei, definió avanzar con la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. La decisión busca ampliar la composición de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con solo tres integrantes tras la salida del magistrado Juan Carlos Maqueda.
Según informó Noticias Argentinas, fuentes cercanas al Poder Ejecutivo aseguraron que el decreto ya está redactado y podría publicarse en el Boletín Oficial el miércoles 26 de febrero. Esta medida llega luego del fracaso del intento oficialista de aprobar el pliego de Lijo en el Senado durante las sesiones extraordinarias.
Nombramientos sin respaldo legislativo
El Gobierno enfrenta dificultades para conseguir el respaldo político necesario en el Congreso. La designación de jueces para la Corte Suprema requiere el aval de dos tercios del Senado, un umbral que la administración de Milei no logró alcanzar. Frente a este escenario, el Ejecutivo optó por avanzar con los nombramientos mediante un decreto presidencial.
Esta decisión podría generar cuestionamientos en el ámbito político y jurídico. Algunos sectores sostienen que la designación de jueces por decreto podría derivar en impugnaciones legales y generar un conflicto institucional. En ese sentido, la oposición ya anticipó su rechazo y evalúa posibles medidas para frenar la iniciativa. Se espera que distintos bloques políticos presenten acciones judiciales o proyectos legislativos para intentar bloquear la medida.
Reacciones en el ámbito judicial
De concretarse la designación, Ariel Lijo deberá solicitar licencia en su juzgado federal hasta que el Senado convalide su nombramiento. No obstante, algunos sectores exigen su renuncia definitiva al cargo para evitar una situación de conflicto de intereses. La designación de Lijo ha sido una de las más polémicas, ya que es considerado un juez con fuertes vínculos políticos y cuestionado por distintos sectores.
La decisión del Gobierno también genera expectativa en la Corte Suprema. Con la incorporación de Lijo y García Mansilla, el tribunal contaría con cinco miembros, reforzando su estructura para la toma de decisiones clave en materia judicial. Sin embargo, juristas advierten que la maniobra podría sentar un precedente problemático en la institucionalidad del país.
El debate en el Senado
El Senado jugará un papel fundamental en la validación o rechazo de esta medida. Aunque el Ejecutivo ha decidido avanzar por decreto, los nombramientos necesitan ser convalidados por la Cámara Alta. Si el decreto es rechazado, podría derivar en una crisis institucional que complique a la administración de Milei.
Mientras tanto, distintos actores del sistema judicial se han manifestado en contra de la decisión del Ejecutivo. Desde asociaciones de magistrados hasta expertos en derecho constitucional, han alertado sobre las implicancias de designaciones sin el respaldo legislativo. En los próximos días, se espera que el debate sobre la legalidad del decreto cobre mayor relevancia en la opinión pública.
En las próximas semanas, el Gobierno enfrentará un desafío político y legal para sostener la medida. Mientras Milei argumenta que la ampliación de la Corte es una necesidad impostergable, la oposición y sectores judiciales continúan con sus críticas. La decisión podría terminar judicializada y definir un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Probablemente hoy el Presidente firme el decreto que designa a Lijo y Garcia Mansilla como miembros de la Corte. Posiblemente sería publicado mañana en el boletín Oficial. Ampliarenos.
— Eduardo Feinmann (@edufeiok) February 25, 2025
