El Gobierno Nacional presentó oficialmente una denuncia penal ante la Justicia por los supuestos otorgamientos fraudulentos de subsidios a comunidades y grupos auto identificados indígenas. Entre los principales implicados estarían ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, quienes habrían entregado cerca de 1.200 millones de pesos a estas comunidades, pero que luego presentaron irregularidades.
El titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Carlos Avruj, presentó ante la Justicia la denuncia que busca «determinar las responsabilidades en el otorgamiento de dichos subsidios no reintegrables». La denuncia apuntaría contra los ex funcionarios del INAI durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y Alberto Fernández. Una de las comunidades a las que se le entregó un subsidió fue la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), catalogada recientemente como «organización terrorista» por el gobierno de Javier Milei.
Acabo de presentar ante la justicia la denuncia penal para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos auto identificados como organizaciones indigenas.@JMilei @GAFrancosOk pic.twitter.com/j8Qm0LEGzZ
— Claudio Avruj (@clauavruj) February 14, 2025
Las causas de la denuncia
Las irregularidades fueron halladas tras dos auditorias realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el INAI. El Programa de Fortalecimiento Comunitaria, creado en 2003 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, otorgó distintos subsidios a las comunidades indígenas que, según declararon desde el Poder Ejecutivo, fueron utilizados para «litigar contra el Estado». «El programa se convirtió en una vía de financiamiento para que las organizaciones contraten abogados para que los defiendan en causas en los que fueron imputados», argumentaron.
En el informe de la SIGEN se señaló que, entre 2021 y 2023, el Gobierno Nacional entregó estos susidios «con poco control o criterio de selección». Entre las irregularidades que se detectaron se citó: la falta de procedimientos formalizados para regular la tramitación de subsidios; falta de documentación que acredite un análisis previo de cada solicitud por la Dirección de Asuntos Jurídico; falta de constancia de criterios de selección para determinar las comunidades beneficiarias; falta de actas que acrediten reuniones previas de evaluación antes de otorgarse el subsidio; falta de registros sólidos de subsidios otorgados; entre otros casos similares.
Algunas de las comunidades denunciadas
Entre las comunidades beneficiarias de este programa se encuentran la asociación Lhaka Honhat, que firmó un «convenio» por $29.210.000 en concepto del cumplimiento de una sentencia tras una litigación contra el Estado. La SIGEN detectó que el convenio «se firmó por fuera del Programa de Fortalecimiento», que el mismo carece de registros de contacto previo para evaluar la solicitud, y que no existen informes con los avances de la ejecución del convenio».
Las comunidades Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan se encuentran en una situación similar, solo que con un monto cobrado de $1.690.000 para cubrir costos de «servicios jurídicos». Sucedió también con los grupos Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi, que cobraron $1.770.000.
Otros casos citados dentro de la denuncia son los de los grupos Lof Che Buenuleo, Lof Che Buenuleo y Newen Mapu, las tres comunidades cobraron cifras millonarias mientras ocupaban territorios al sur del país. Lof Che Buenuleo habría recibido aproximadamente $1.770.000 mientras ocupaba tierras en Bariloche entre 2019 y 2020. Lof Kinxikew habría cobrado $1.950.000 en 2023 mientras tomaban territorios en San Martín de los Andes. El caso de Newen Mapu, también en Río Negro, habría sido el más grande de los tres, con $4.480.000 en subsidios por parte del Gobierno.
