El Gobierno de Javier Milei ratificó que las tarifas de electricidad y gas natural aumentarán de forma mensual durante 2025, pero los incrementos acumulados se mantendrán en línea con la inflación proyectada. Según fuentes oficiales, el ajuste seguirá un enfoque gradual luego del fuerte incremento aplicado en 2024, cuando la administración libertaria impulsó la reducción de subsidios como parte del ajuste fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, instruyó al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, para que los aumentos tarifarios acompañen la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La encargada de implementar esta estrategia será la secretaria de Energía, María Tettamanti, quien trabaja con los equipos técnicos en la reestructuración del esquema de subsidios.
En el Presupuesto 2025, que no llegó a tratarse en el Congreso, Caputo estimó que la inflación anual rondará el 18,3%, con un promedio mensual del 1,4%. En este marco, el Gobierno definió que las tarifas seguirán esa misma tendencia, aunque con algunos ajustes que podrían ubicarse por encima o por debajo del IPC en determinados meses.
El proceso de revisión tarifaria quinquenal, que comienza este mes, definirá los aumentos en los costos de distribución y transporte para las empresas, los cuales se trasladarán a las boletas finales a partir de abril. La premisa del equipo económico es que el impacto en las facturas no supere el 10% anual, con aumentos prorrateados.
El impacto del ajuste en 2024
El grueso de la recomposición tarifaria se llevó a cabo en 2024. Según datos oficiales, las boletas de gas residencial aumentaron un 400%, mientras que la electricidad registró un incremento del 300% en promedio. Esta suba respondió a la reducción de subsidios, combinada con ajustes en las tarifas de transportistas y distribuidoras, los principales componentes del costo final de los servicios.
De acuerdo con la consultora Economía y Energía, el recorte en subsidios energéticos alcanzó el 35% en términos reales durante 2024, lo que representó un ahorro fiscal superior a los 3.000 millones de dólares. La principal causa de esta reducción fue la transferencia de costos a los usuarios, además del impacto de Vaca Muerta, que permitió sustituir importaciones de gas y reducir el costo de abastecimiento.
El dilema de los subsidios y el impacto social
El Gobierno sigue evaluando la reformulación del esquema de subsidios, aunque reconocen que el proceso será más lento de lo esperado. Inicialmente, se proyectaba una reestructuración total para mediados de 2025, pero ahora consideran que un ajuste abrupto podría generar un impacto excesivo en los sectores más vulnerables.
Actualmente, los subsidios se asignan según un sistema de segmentación basado en los ingresos familiares y la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC. Existen tres categorías de usuarios: Nivel 1 (altos ingresos, sin subsidios), Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios).
Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hay 16,3 millones de usuarios de electricidad, de los cuales 6,1 millones son de Nivel 2 y 3,4 millones de Nivel 3. En el caso del gas, hay 9,5 millones de usuarios, con 3 millones en Nivel 2 y 2,4 millones en Nivel 3.
La intención del equipo de Tettamanti es modificar este esquema para simplificar la segmentación, reduciendo la asistencia solo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, esta decisión implicaría excluir del beneficio a 3,4 millones de hogares de clase media, lo que podría derivar en aumentos tarifarios significativos para este sector.
Percepción pública y debate sobre cortes de suministro
Un estudio de la consultora Casa Tres, realizado en enero sobre 2.056 casos, reflejó que el 44% de los encuestados prefiere que las tarifas se mantengan congeladas, aunque esto implique cortes de luz en momentos de alta demanda. Al ser consultados sobre quién es responsable de las interrupciones en el servicio, el 38% apuntó a las empresas, el 34% al Gobierno actual y el 23% al kirchnerismo.
Mora Jozami, directora de Casa Tres, explicó que la percepción sobre la responsabilidad de los cortes puede cambiar con el tiempo. «A medida que pase el tiempo, es probable que crezca la idea de que la responsabilidad es del Gobierno, porque se diluye la idea de la herencia», analizó.
Hacia un sistema de actualización automática
El Gobierno prevé que, una vez finalizado el proceso de revisión tarifaria, se implemente un sistema de actualización mensual automática para evitar los ajustes discrecionales que marcaron las gestiones anteriores. Esto permitiría que los ingresos de las empresas de energía se mantengan estables en términos reales y se elimine la necesidad de negociaciones políticas recurrentes sobre los aumentos.
Desde el Ministerio de Economía defienden la estrategia de actualización gradual como una forma de evitar un nuevo congelamiento tarifario que genere atrasos en el sector. Consideran que los ajustes aplicados hasta el momento han sido exitosos en términos de recomposición fiscal y que el próximo desafío será mejorar la calidad del servicio y reducir los cortes de suministro.
