Las cuotas de la medicina prepaga se convirtieron en el rubro con mayor aumento en lo que va del año, superando ampliamente la inflación y afectando gravemente los ingresos de la clase media y los jubilados. Ahora, el Gobierno nacional analiza medidas para limitar los incrementos y evitar un mayor impacto en los afiliados.
Subas por encima de la inflación
En 2023, los planes de medicina prepaga aumentaron un 124%, apenas por debajo del índice de inflación, que fue del 127,8%. Sin embargo, en 2024 la tendencia se aceleró, con ajustes que en algunos casos duplicaron el índice de precios al consumidor (IPC).
Tras conocerse el dato de inflación de enero, que marcó un 2,2% de suba mensual, el Ejecutivo busca frenar los incrementos desmedidos del sector. Lo paradójico es que fue el propio gobierno de Javier Milei quien, al asumir, desreguló los precios de las prepagas, permitiéndoles fijar los valores de sus planes sin restricciones.
Un decreto para limitar los aumentos
Según trascendió, la administración libertaria estudia un decreto para establecer nuevas reglas en los ajustes de las cuotas. La medida incluiría una diferenciación de aumentos según el tipo de plan y una restricción específica para los adultos mayores, quienes no podrán pagar más del triple de lo que se les cobra a los afiliados más jóvenes.
El objetivo es evitar incrementos generalizados que impacten a todos los clientes por igual y, en cambio, exigir a las empresas una mayor discriminación en la estructura de costos y tarifas.
La respuesta de las prepagas y la acusación de cartelización
En enero, las empresas de medicina privada aplicaron subas de entre el 3% y el 3,9%, casi el doble del IPC general. Para justificar los aumentos, desde el sector argumentaron que el costo de los servicios de salud es más alto que el promedio de precios de la economía.
A mediados de diciembre, el Gobierno imputó a varias compañías por presunta cartelización, entre ellas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También se imputó a la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio informaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estableció un plazo máximo de 90 días hábiles para la presentación de pruebas, con la posibilidad de extender el proceso por otros 90 días si fuera necesario.
El conflicto entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga sigue escalando, mientras los afiliados esperan definiciones que alivien el impacto en sus bolsillos.
