En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, con el objetivo de reducir la intervención estatal en políticas habitacionales y delegar su gestión en provincias, municipios y el sector privado.
Según explicó la administración de Javier Milei, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
El cierre de fondos fiduciarios y auditorías sobre su gestión
Buena parte de las funciones de la ahora disuelta Secretaría se llevaban a cabo a través de tres fondos fiduciarios, los cuales han sido cerrados o están en proceso de disolución. Desde el Ejecutivo señalaron que estos mecanismos registraron “un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.
En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno ya había iniciado la disolución del Fondo Fiduciario Público PROCREAR, destinado a créditos para la vivienda única. La auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó diversas irregularidades, entre ellas, demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad en algunas unidades adjudicadas.
En segundo lugar, a través del Decreto 6/2025, se ordenó el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que según el Ejecutivo, había sido utilizado con fines políticos y clientelistas, además de presentar irregularidades e incumplimientos en su ejecución.
Por otro lado, el Gobierno también trabaja en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), aunque no se ha especificado aún el mecanismo para su cierre.
Reubicación de áreas y transición administrativa
A partir de la eliminación de la Secretaría, se definió que sus dependencias pasarán a otras áreas del Gobierno. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Para garantizar un proceso ordenado y progresivo, el cierre de la Secretaría se implementará a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de la transición de responsabilidades.
Desde la Casa Rosada, respaldaron la medida y afirmaron: “El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de Sueños Compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”.
