Connect with us

Hola, qué estás buscando?

POLÍTICA

El Ministerio de Capital Humano convocó a la Mesa del Salario Mínimo Docente para el lunes: los gremios de la CGT ratificaron los paros

Las huelgas afectarán el comienzo de clases en 11 provincias el 24 de febrero y a otras 7 el 5 de marzo.

Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó que el próximo lunes 24 de febrero, a las 15, se realizará la reunión de la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado (SMDG) en la Secretaría de Trabajo. Del encuentro participarán los gremios docentes nacionales, el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) —integrado por los ministros de Educación de las provincias— y representantes de las asociaciones de escuelas privadas, que tendrán voz pero no voto.

La convocatoria llega en un contexto de tensión, luego de que los gremios docentes alineados con la CGT anunciaran un paro nacional para ese mismo día y otro para el 5 de marzo, afectando el inicio de clases en gran parte del país.

Los gremios ratifican los paros y apuntan contra el Gobierno

Pese al llamado a la mesa de negociación, los sindicatos docentes de la CGT decidieron mantener las medidas de fuerza. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de Unión Docentes Argentinos (UDA), confirmó que las huelgas seguirán en pie, afectando a 11 provincias el 24 de febrero y a otras siete el 5 de marzo.

Las provincias donde no habrá clases el próximo lunes son Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En tanto, el paro del 5 de marzo impactará en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, hubo acuerdo salarial y el inicio del ciclo lectivo se desarrollará con normalidad.

Romero, en una conferencia de prensa en la sede de la CGT, justificó la medida de fuerza asegurando que el salario inicial docente está por debajo de la canasta básica y que la situación del sistema educativo es crítica. Afirmó que, de no haber una propuesta concreta, el plan de lucha se extenderá durante todo el año.

Más allá de los reclamos salariales, los gremios también intentan instalar otras demandas, como el estado de la infraestructura escolar y la falta de equipamiento. Sin embargo, resulta evidente que estas protestas responden más a una estrategia de presión política que a una preocupación real por la educación pública.

Un conflicto impulsado por la CGT para sostener su poder

La postura de la CGT y sus gremios docentes refleja una vez más que su prioridad no está en mejorar las condiciones de los trabajadores, sino en utilizar los paros como herramienta de negociación política. Lejos de buscar soluciones, los sindicatos han optado por confrontar con el Gobierno, a pesar de que la convocatoria a la negociación fue realizada.

Romero dejó en claro que la huelga no se levantará con una simple convocatoria, sino que exigirán una oferta salarial concreta. Esto deja en evidencia que la CGT, más que garantizar un diálogo constructivo, busca posicionarse como un actor de oposición al Gobierno, generando incertidumbre en el sistema educativo en un momento clave para el país.

La CGT busca conflicto en lugar de acuerdos

El representante del Sindicato de Camioneros en la CGT, Octavio Argüello, respaldó las protestas docentes y aseguró que la central obrera acompañará todas las medidas de fuerza. La estrategia sindical es clara: no importa qué se proponga desde el Gobierno, la respuesta será la confrontación.

Por su parte, Romero se desentendió de la responsabilidad de afectar el inicio de clases, argumentando que la culpa es exclusivamente del Ejecutivo. Sin embargo, la CGT no ha mostrado intenciones reales de negociar antes de anunciar las huelgas, demostrando que su interés es sostener el conflicto.

El trasfondo de esta disputa no es únicamente salarial, sino político. Los gremios afines al kirchnerismo buscan obstaculizar la gestión de Milei a cualquier costo, incluso afectando el derecho a la educación de millones de estudiantes. Mientras el Gobierno intenta ordenar las cuentas y reducir el déficit, los sindicatos persisten en su rol de opositores, sin considerar el impacto real de sus medidas.