El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) insistió en la necesidad de cumplir el fallo de la Corte Suprema que establece que las sentencias de la Justicia Nacional en el distrito deben ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. La postura del Ejecutivo porteño se refuerza tras el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien solicitó suspender la aplicación de la medida.
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Gabino Tapia, manifestó en redes sociales que “los fallos están para cumplirse” y defendió la autonomía del Poder Judicial porteño. En línea con la Constitución Nacional, el gobierno local busca avanzar en la consolidación de su sistema judicial, en un proceso que ha generado tensiones con el fuero federal.
El fallo de la Corte, conocido como “fallo Levinas”, establece que el TSJ de la Ciudad debe actuar como instancia de revisión en causas tramitadas en tribunales nacionales con sede en Buenos Aires. Esta decisión generó resistencias dentro del sistema judicial, donde algunos sectores advierten sobre sus implicancias en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
El pedido de suspensión de Casal
El procurador general de la Nación elevó un pedido al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para suspender la aplicación del fallo. Argumentó que el Ministerio Público Fiscal solo tiene competencia ante tribunales nacionales y que la nueva disposición lo dejaría sin capacidad de intervención en esos procesos.
Casal sostuvo que el fallo afecta la estructura judicial al generar un esquema mixto de actuación entre fiscales nacionales y porteños. Explicó que esto podría afectar la política criminal del país y pidió una resolución normativa antes de avanzar con la implementación del fallo.
La disputa por la autonomía judicial
El conflicto se inscribe en una disputa histórica sobre el traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la Constitución Nacional prevé la autonomía porteña, el proceso ha sido lento y con avances parciales. La decisión de la Corte representa un paso más en ese camino, aunque su ejecución sigue en debate.
Desde la administración porteña, insisten en que el fallo fortalece la institucionalidad y otorga previsibilidad al sistema judicial. Por otro lado, en el ámbito nacional persisten dudas sobre su implementación, con sectores que cuestionan la falta de un marco normativo que facilite la transición.
El futuro de la medida
El pedido de Casal llegó en el último día de la feria judicial, en un contexto donde el tema fue objeto de múltiples reuniones dentro del fuero federal. Con la reactivación de la actividad en los tribunales, la Corte Suprema deberá definir si avanza con la implementación del fallo o si atiende la solicitud del procurador general.
Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad mantiene su postura y continúa el diálogo con el Ejecutivo nacional para concretar el traspaso definitivo de la Justicia Nacional Ordinaria. El tema se encamina a ser uno de los principales ejes de debate jurídico y político en los próximos meses.
