El pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia dio un paso clave en el Senado al obtener dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos. Con el respaldo de legisladores oficialistas, dialoguistas y algunos kirchneristas, el magistrado federal ahora se acerca a la votación en el recinto, donde el Gobierno necesitará reunir dos tercios de los votos para confirmar su designación.
El dictamen presentado este miércoles contó con la firma de nueve senadores, entre ellos Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Carlos Espínola (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR) y el peronista disidente Juan Carlos Romero. También lo suscribieron los kirchneristas Sergio Uñac y Lucía Corpacci, lo que evidencia una apertura de algunos sectores del justicialismo para facilitar la designación.
Este avance representa un triunfo parcial para la Casa Rosada, que busca completar la vacante en la Corte con un candidato afín, en medio de un contexto político complejo donde cada voto en el Senado es clave. Si el pliego es tratado en la sesión del jueves de la semana próxima, el oficialismo necesitará alcanzar el umbral de dos tercios de los votos para lograr la aprobación definitiva.
Las definiciones de Lijo en su audiencia pública
Durante la audiencia en la comisión de Acuerdos, Lijo defendió su trayectoria y respondió a los cuestionamientos sobre su postulación. Entre sus definiciones más relevantes, destacó la necesidad de reasignar recursos en la Justicia y simplificar los procedimientos judiciales para agilizar los tiempos de resolución.
Sobre la ampliación de la Corte Suprema, evitó tomar una posición concreta, señalando que «Argentina ha funcionado con distintos números de jueces en el máximo tribunal», y dejó la decisión en manos del Congreso.
En materia económica, se refirió a la dolarización y sostuvo que cualquier medida en ese sentido debe «respetar los estándares mínimos de legislación» y garantizar la preservación de la moneda nacional.
También hizo énfasis en la perspectiva de género dentro del Poder Judicial, asegurando que la Corte debe contar con representación femenina. «La cuestión de género no es solo enunciativa, sino que implica remover obstáculos en la toma de decisiones», afirmó.
Las polémicas y los cuestionamientos
Lijo no esquivó las críticas sobre su desempeño como juez federal, asegurando que en 20 años de carrera nunca recibió una sanción del Consejo de la Magistratura. También negó haber sido representado por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en ninguna causa en su contra.
Respecto a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), subrayó que la Corte tiene jurisprudencia extensa al respecto y que el control de necesidad y urgencia debe ser «objetivo» en cada caso.
En relación con los derechos de exportación y las retenciones, opinó que su implementación es constitucional siempre que sean «razonables y no afecten al sector productivo».
Causas sensibles y su desempeño en la Justicia
En su exposición, Lijo abordó su rol en casos de alto impacto como Siemens, YPF y la deuda de Formosa. Sobre el primero, destacó que fue un caso de soborno transnacional de «alta complejidad», en el que se avanzó en la investigación sobre el circuito de dinero en paraísos fiscales.
Sobre la causa de YPF, evitó dar definiciones concluyentes, argumentando que sigue en trámite y que su resolución depende de información proveniente del exterior. En cuanto a la investigación sobre la deuda de Formosa, explicó que se separó para que la justicia federal de la provincia se ocupe de los fondos provinciales, mientras que él mantuvo la competencia sobre los funcionarios nacionales involucrados.
El impacto político de la posible designación
Si el Senado aprueba finalmente a Lijo, se convertirá en el primer juez de la Corte propuesto por el gobierno de Javier Milei. Su nombramiento se dará en un contexto de fuerte reconfiguración del Poder Judicial y podría consolidar una nueva mayoría dentro del máximo tribunal.
Para la Casa Rosada, la votación en la Cámara alta será un termómetro clave del nivel de apoyo con el que cuenta el oficialismo en un Senado donde los equilibrios son frágiles y las negociaciones se dan voto a voto. Con el dictamen de mayoría asegurado, ahora la última palabra la tendrán los senadores en el recinto.
