La decisión del Gobierno nacional de eliminar de manera inmediata la triangulación de aportes de la seguridad social ha provocado una fuerte reacción en el sector. En las últimas horas, tres obras sociales presentaron amparos en la Justicia para frenar la medida, y se espera que en los próximos días se sumen nuevas presentaciones. Las entidades que acudieron a los tribunales son la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino (Ospaca), la Obra Social del Personal Naval (Ospena) y la Obra Social del Personal Mosaistas (OSPM).
El objetivo del Gobierno con esta resolución es poner fin a los llamados «sellos de goma», es decir, aquellas obras sociales que se quedaban con un porcentaje de los aportes de los trabajadores desregulados antes de derivar el resto a las prepagas. Sin embargo, no todas las entidades afectadas operaban bajo ese esquema, ya que algunas contaban con su propia red de prestadores y cumplían un rol activo en la cobertura médica de sus afiliados.
Reclamos judiciales y cuestionamientos legales
Los amparos fueron presentados ante los Juzgados Civiles y Comerciales 5, 7 y 10, en contra del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismos responsables de la resolución publicada el 31 de enero, la cual estableció que los aportes de los afiliados sean transferidos directamente a las prepagas.
En su presentación, la abogada María Laura Tochi, representante de Ospaca, argumentó que la medida es inconstitucional, ya que viola el derecho de propiedad de las obras sociales al disponer unilateralmente sobre los aportes y contribuciones que forman parte del sistema de seguridad social. La letrada advirtió que la normativa vigente otorga a estos fondos un carácter colectivo y solidario, destinados exclusivamente a financiar el sistema de salud y no como pagos por servicios prestados.
Según la presentación judicial, esta medida equivale a una «expropiación encubierta» sin compensación ni debido proceso, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional. Además, se advierte que la eliminación abrupta de los aportes pone en riesgo la estabilidad financiera de las obras sociales, afectando su capacidad para garantizar la cobertura médica de los afiliados que aún permanecen en el sistema.
Crisis financiera y desfasaje en los pagos
Uno de los principales reclamos de las obras sociales es la falta de un plazo de transición para implementar el nuevo esquema. Aseguran que el repentino corte en la triangulación afecta su capacidad de pago, ya que muchas de ellas habían adelantado el financiamiento de prestaciones, medicamentos y tratamientos por períodos de entre 60 y 90 días.
Si bien la resolución se oficializó el 31 de enero, los aportes de ese mes ya fueron derivados directamente a las prepagas en febrero, generando un desajuste en la cadena de pagos. Desde el Gobierno, sin embargo, respondieron que las prepagas serán responsables de cubrir las prestaciones brindadas en enero, aunque aún persisten dudas sobre cómo se concretará esta compensación.
Fuentes oficiales señalaron que muchas de las obras sociales afectadas aún retienen fondos de noviembre y diciembre, incluyendo los pagos de aguinaldos, por lo que consideran que tienen margen financiero para afrontar la transición.
Impacto en las cuotas de las prepagas
La gran incógnita ahora es si el dinero adicional que comenzaron a recibir las prepagas se traducirá en una reducción de costos para los afiliados. En el caso de los «sellos de goma», las empresas de medicina privada deberán asumir un costo administrativo que antes absorbían las obras sociales. Para aquellas entidades que brindaban prestaciones en conjunto con las prepagas, el financiamiento de esos servicios ahora recaerá en las empresas privadas.
Desde el Ministerio de Salud, explicaron que las prepagas están evaluando sus ajustes de tarifas en base a la inflación y al nuevo esquema de financiamiento, aunque por el momento no hay certezas sobre una posible reducción en las cuotas. En el entorno del ministro Mario Lugones, confían en que algunas empresas logren estabilizar sus precios y en que ciertos planes no sufran incrementos en el corto plazo.
No obstante, fuentes del sector privado desconfían de esta posibilidad y afirman que la transición se está llevando adelante de manera improvisada. «Es un cambio que se hizo pasando por encima de la elección de la gente», comentó un alto ejecutivo de una de las principales prepagas del país.
Posibles consecuencias y una nueva triangulación
El escenario que se perfila tras la eliminación de la triangulación original es incierto. Si bien la medida apunta a terminar con intermediarios innecesarios, en el sector de la salud ya se analiza una posible «reconfiguración del sistema» en la que las prepagas tercericen servicios con las obras sociales a cambio de una compensación económica.
Esta nueva modalidad podría derivar en una triangulación inversa, en la que las prepagas mantengan acuerdos con las obras sociales para la prestación de ciertos servicios. En este esquema, solo quedarían fuera de juego los «sellos de goma», mientras que las entidades con red propia podrían seguir operando bajo un modelo de subcontratación.
Desde el punto de vista legal, las obras sociales sostienen que la medida se implementó sin contemplar el impacto en los afiliados ni en la sustentabilidad del sistema. En el caso de Ospaca, por ejemplo, la presentación judicial menciona que la entidad tiene actualmente 1.746 afiliados con prestaciones aprobadas para 2025 en el área de discapacidad, además de 957 pacientes con diabetes y 491 con HIV, quienes requieren de un seguimiento constante y una estructura administrativa que ahora podría verse afectada.
