El Gobierno Nacional dio un golpe de timón en la contratación de obra pública con la firma del Decreto Delegado 105/25. La norma elimina un mecanismo vigente desde hace 80 años y que, según el oficialismo, garantizaba la corrupción estructural en el sector. La medida, anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pone fin al Registro de Constructores instaurado en 1947 y cambia las reglas para adjudicar proyectos de infraestructura.
Mientras algunos quieren cuestionar la honorabilidad del presidente, @JMilei erradica la corrupción de raíz. El Decreto Delegado 105/25: con la firma de @JMilei y @GAFrancosOk pone fin a 80 años de corrupción en la obra pública de Argentina. Explicamos.
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 18, 2025
Imaginen un sistema donde…
Nuevas reglas de adjudicación
Hasta ahora, el sistema imponía un límite de «capacidad de contratación» a las empresas, lo que aseguraba un reparto equitativo de los proyectos sin necesidad de competir. Con la nueva normativa, esa restricción desaparece. Ahora, una misma empresa podrá acceder a varios contratos si demuestra capacidad para ejecutarlos.
Además, se modifican los criterios de antecedentes. Antes, solo se reconocía la obra pública realizada, lo que favorecía a empresas con experiencia en el Estado. Ahora, también se podrán acreditar antecedentes en el sector privado o suplir la falta de experiencia con garantías financieras. Esto permitirá el ingreso de nuevas compañías, tanto nacionales como internacionales.
Agilización de garantías y cambios legales
Otro punto clave es la simplificación en la ejecución de garantías. Hasta ahora, el cobro de estas requería un proceso judicial que dificultaba la penalización de empresas incumplidoras. Con el nuevo esquema, el procedimiento será más rápido y efectivo, reduciendo el riesgo de corrupción y paralización de proyectos.
El decreto también deroga la Ley 22.460, unificando los mecanismos de contratación. Aunque el gobierno de Milei ha dejado claro que no financiará obras provinciales ni municipales, considera que era necesario desmantelar el entramado burocrático que, según Sturzenegger, facilitó casos de corrupción como los de Lázaro Báez y la causa de los cuadernos.
Una decisión con respaldo del Gobierno
La reforma fue impulsada por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Oficina Nacional de Contrataciones. Según Sturzenegger, el involucramiento del presidente Javier Milei en la decisión fue clave para concretar una transformación que ningún gobierno había encarado en casi ocho décadas.
“El primer presidente que realmente quiso cambiar las cosas lo hizo”, celebró el ministro en redes sociales. Con esta decisión, el Gobierno busca inaugurar una nueva era en la obra pública, donde el mercado y la competencia reemplacen al reparto asegurado.
