Los efectivos de Gendarmería expresan un creciente malestar por los bajos salarios y las condiciones laborales. Aunque el Gobierno de Javier Milei considera la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado como una de sus prioridades, los integrantes de la fuerza advierten que sus reclamos no están siendo atendidos.
A través de redes sociales y comunicaciones internas, los gendarmes planean una manifestación el próximo lunes 10 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Las concentraciones se llevarán a cabo en diversas ciudades del país, con epicentros en el Museo de la Bandera, en Rosario, y frente al Edificio Centinela, en Buenos Aires.
Preocupación por posibles sanciones y adhesión de familiares
Si bien los efectivos temen sanciones por protestar públicamente, han planteado la posibilidad de que sean sus familiares, retirados y civiles quienes se movilicen en su nombre, una estrategia utilizada en otras ocasiones. La relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue siendo buena, pero en el Gobierno intentan minimizar el conflicto. Desde la cartera de Seguridad aseguraron que «no existe» tal malestar y que la situación está bajo control.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad evalúa alternativas junto al Ministerio de Economía para mejorar la situación salarial de la fuerza. Actualmente, los altos mandos perciben sueldos cercanos a los dos millones de pesos, aunque con descuentos reciben cifras menores. En contraste, algunos retirados llegan a cobrar apenas $250.000 mensuales, quedando por debajo de la línea de indigencia.
El antecedente de 2012 y la presión sobre el Gobierno
Bullrich es consciente del peligro de un conflicto salarial en las fuerzas de seguridad. En 2012, durante la gestión de Nilda Garré, se registraron protestas masivas en Gendarmería y Prefectura, que se extendieron desde Buenos Aires a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El periodista Pablo Sebastián Giles, exintegrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), es uno de los que ha difundido la convocatoria en redes sociales. En un flyer, se reclama «mejoras salariales en todo el país» y se advierte sobre la posible adhesión de otras fuerzas. También se insta a evitar «bajas, sanciones y persecuciones», convocando a familiares y retirados a acompañar el reclamo.
Un problema estructural que se arrastra hace años
La falta de sindicalización en las fuerzas de seguridad ha dificultado la organización formal de estos reclamos, aunque existen agrupaciones como la Unión del Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (UPPSA), los Azules por Siempre y las Fuerzas Argentinas Unidas, que acompañan las demandas.
Giles explicó que el descontento por los haberes alcanza a las cinco fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal. Aclaró, sin embargo, que él no está organizando la manifestación, sino que solo replica la información que recibe de los propios efectivos.
El problema salarial no es nuevo. Durante años, se implementaron compensaciones en «negro» que incrementaban los ingresos mensuales pero que, al momento del retiro, no cuentan para la jubilación. Esta misma situación afecta también a las Fuerzas Armadas, que han solicitado en reiteradas ocasiones la equiparación con las fuerzas de seguridad.
Expectativas y postura del Gobierno
Desde el Ministerio de Seguridad insisten en que aplicarán el protocolo antipiquetes si fuera necesario y que los efectivos deben acatar las normativas vigentes.
Un comunicado interno de los gendarmes advierte que el salario promedio en la fuerza es de $500.000, lo que resulta insuficiente para cubrir alquiler, alimentación, educación y cobertura médica. «Muchos compañeros tienen que trabajar en otros oficios para poder sostenerse», señalaron.
El malestar se ha traducido en solicitudes de baja en varias provincias, entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba.
Además de los aumentos salariales, los gendarmes reclaman que el haber mensual inicial para el grado de gendarme sea de $1.800.000. También exigen la equiparación salarial a nivel nacional, un límite de cinco años de permanencia en el mismo destino para oficiales y suboficiales, la eliminación de los descuentos de IOSFA sobre el sueldo anual complementario y la implementación de suplementos para tareas de seguridad ciudadana en Rosario y Buenos Aires, así como para traslados de detenidos y labores de inteligencia.
