La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires desestimó la demanda presentada por el Gobierno porteño contra partidos de izquierda y manifestantes a quienes se responsabilizaba por los destrozos provocados el 18 de diciembre de 2017 durante los violentos disturbios en el Congreso. Mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma jubilatoria, grupos organizados atacaban a la Policía, incendiaban mobiliario urbano y destruían veredas, monumentos y bancos de la Plaza de los Dos Congresos.
A pesar de la evidencia de los hechos y las imágenes que mostraban el accionar de los manifestantes, el juez Roberto Gallardo decidió rechazar la demanda por daños y perjuicios contra los principales partidos de izquierda y 17 individuos identificados. Según el magistrado, el Gobierno de la Ciudad no logró demostrar que las agrupaciones actuaron de manera institucional en la producción de los daños.
El blindaje judicial a los responsables de los disturbios
Entre los partidos demandados estaban el Partido Obrero (PO), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Todos negaron tener responsabilidad sobre las acciones de sus miembros o simpatizantes, y el juez Gallardo aceptó ese argumento sin profundizar en el nivel de organización y convocatoria de estos espacios políticos en las manifestaciones.
Más preocupante aún fue la decisión del juez de rechazar también la demanda contra individuos identificados, como César Arakaki y Sebastián Romero. Ambos fueron condenados penalmente por intimidación pública y atentado contra la autoridad. Romero, recordado por disparar un mortero casero contra la Policía, estuvo prófugo durante más de dos años antes de ser detenido en Uruguay. A pesar de sus antecedentes y la contundente prueba en su contra, la Justicia evitó responsabilizarlos por los daños a la plaza y el mobiliario urbano.
El Gobierno de la Ciudad había solicitado que los acusados se hicieran cargo de los costos de reparación, estimados en 17.337.639 de pesos. Sin embargo, Gallardo decidió que no existían pruebas suficientes para determinar que los señalados fueran los causantes directos de los destrozos, un argumento que abre la puerta a la impunidad y la falta de consecuencias para quienes se valen de la violencia para obtener rédito político.
El peligroso precedente del fallo
El juez fundamentó su decisión en una interpretación extrema del derecho a la protesta. Sostuvo que aplicar los artículos 1761 y 1762 del Código Civil y Comercial de la Nación —que permiten reclamar daños y perjuicios— colisionaría con la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. Según su criterio, la responsabilidad por los daños en una manifestación no puede recaer sobre partidos políticos ni sobre manifestantes individuales si no se prueba su accionar concreto.
Esta postura genera un peligroso antecedente. En lugar de establecer que los grupos organizados deben responder por los hechos de violencia que promueven y protagonizan, se les otorga un blindaje judicial que les permite continuar con su accionar sin consecuencias legales ni económicas.
Mientras tanto, los ciudadanos pagan los costos de estos desmanes con sus impuestos, y el Estado se ve impedido de reclamar a los verdaderos responsables. Se reafirma así un patrón preocupante: la izquierda utiliza banderas nobles en nombre de la ciudadanía, pero en la práctica se vale del caos y la violencia para sostener su presencia política, contando con el amparo de jueces alineados con su ideología.
Reacciones y apelación del Gobierno porteño
Desde la administración porteña, se adelantó que apelarán la medida ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Consideran que el fallo establece un precedente injusto y que los partidos políticos que convocaron y promovieron la protesta deben asumir la responsabilidad por los daños causados.
Mientras tanto, los sectores de izquierda celebraron la decisión y la presentaron como una victoria contra la “criminalización de la protesta”. Sin embargo, el trasfondo es claro: no se trata de proteger el derecho a manifestarse, sino de garantizar impunidad a quienes utilizan la violencia como herramienta política.
