El presidente Javier Milei instó este martes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a renunciar para permitir una intervención federal en la provincia de Buenos Aires, en medio de la creciente crisis de inseguridad. La solicitud del mandatario se produjo tras el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata durante el robo de un auto.
«Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia», afirmó Milei a través de su cuenta de X.
Qué dice la Constitución sobre la intervención federal
La intervención federal es un recurso contemplado en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 6º, y solo puede aplicarse en tres situaciones: para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o cuando las autoridades constituidas de la provincia lo soliciten para sostenerlas o restablecerlas si fueron depuestas por sedición o invasión de otra provincia.
Desde la reforma constitucional de 1994, la intervención debe ser aprobada por el Congreso Nacional. En caso de receso parlamentario, el Presidente podría disponerla de manera excepcional, pero con la obligación de someterla luego a ratificación legislativa.
En este caso, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con los votos suficientes en ambas cámaras del Congreso para avanzar en una intervención federal sobre Buenos Aires, lo que dificulta la viabilidad de la propuesta de Milei.
Intervenciones en democracia y antecedentes históricos
El mecanismo de intervención federal no es nuevo en Argentina. Desde 1983, varias provincias fueron intervenidas por el Gobierno Nacional. En Tucumán, en 1991, el presidente Carlos Menem desplazó al gobernador José Domato. En Catamarca, el mismo año, se aplicó una intervención tras el asesinato de María Soledad Morales, lo que derivó en la destitución de Ramón Saadi. Finalmente, Santiago del Estero, en 1993, el estallido social conocido como el “Santiagueñazo” provocó la remoción del gobernador Carlos Mujica.
La única intervención aplicada por ley tras la reforma constitucional fue en Santiago del Estero en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por denuncias de corrupción y abusos policiales en la gestión de Mercedes «Nina» Aragonés de Juárez.
Desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853 hasta 1976, se decretaron 174 intervenciones federales. Lo que evidencia un uso recurrente del recurso en la historia argentina. Sin embargo, la reforma de 1994 impuso límites explícitos a su aplicación.
Kicillof, la inseguridad y su respuesta al Gobierno Nacional
Axel Kicillof, lejos de reconocer la grave crisis de inseguridad en Buenos Aires, rechazó el pedido de Milei y lo acusó de buscar fines políticos. «Están usando estos hechos como parte de la campaña electoral para ganar un voto y lucrar con el dolor», sostuvo el gobernador.
Sin embargo, su gestión ha sido incapaz de contener la ola de violencia que azota la provincia. El crimen de la niña reavivó el debate sobre la inseguridad, un problema estructural que se profundizó en los últimos años y que la administración de Kicillof no ha sabido abordar con políticas eficaces.
El gobernador también apuntó contra la Justicia, argumentando que el principal sospechoso del homicidio de Gómez había sido detenido en febrero y luego liberado. «Yo no nombro jueces, ni pongo preso a nadie ni hago las leyes. Ya lo habíamos apresado en febrero y lo liberaron. Es un caso para discutir de la aplicación de la ley», declaró.
Mientras el gobierno bonaerense se excusa y traslada la responsabilidad, los homicidios y robos violentos siguen en aumento. Alimentando el reclamo social por medidas concretas y una respuesta efectiva ante la crisis de seguridad.
