El presidente Javier Milei se encuentra en un momento clave de su gestión mientras ajusta los últimos detalles de su discurso para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, prevista para el 1 de marzo. Con la economía como eje central, el mandatario buscará destacar la reducción de la inflación, el ajuste fiscal «más importante en la historia» y el objetivo de déficit cero. Sin embargo, el contexto político y la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA añaden presión a un evento que marcará el tono de su administración para los próximos meses.
El acto tendrá una puesta en escena calculada: Milei ingresará al recinto con la banda y el bastón presidencial, acompañado por dos Granaderos. Pero más allá de la simbología, el desafío principal radica en cómo gestionará su relación con el Congreso tras un año de tensos enfrentamientos con diputados y senadores. En este escenario, la disputa por la integración de la Corte Suprema se vuelve un punto de conflicto central para el oficialismo.
El dilema de los jueces de la Corte Suprema
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el Gobierno es la falta de consenso en el Congreso para aprobar los pliegos de los jueces propuestos. De los dos candidatos enviados por la Casa Rosada, solo Ariel Lijo ha conseguido las firmas necesarias para avanzar hacia el recinto, mientras que Manuel García-Mansilla no cuenta con el respaldo suficiente. Ante este escenario, el oficialismo evalúa la posibilidad de nombrarlo en comisión mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque esta estrategia enfrenta múltiples complicaciones.
Fuentes de alto nivel en la Casa Rosada señalaron que Milei desea que ambos jueces estén presentes en el palco durante la apertura de sesiones, como una muestra de autoridad. Sin embargo, esta jugada se ve condicionada por la postura de Lijo, quien ha manifestado su rechazo a asumir por DNU, ya que ello implicaría renunciar a su cargo actual sin garantía de estabilidad.
En este contexto, el Gobierno analiza alternativas, incluyendo la posibilidad de modificar su estrategia y proponer nuevos nombres que logren destrabar la situación en el Congreso. El tiempo apremia: una vez que las sesiones ordinarias comiencen el 1 de marzo, el Ejecutivo perderá la posibilidad de utilizar un DNU para designar jueces en comisión, ya que la normativa establece que esta herramienta solo puede aplicarse cuando el Congreso no está en funciones.
La decisión final será tomada tras el regreso de Milei de su viaje a los Estados Unidos. No obstante, la maniobra no está exenta de riesgos, ya que desde Unión por la Patria adelantaron que no apoyarán la continuidad de jueces designados por decreto, lo que podría derivar en una nueva crisis política.
El factor $Libra y la estrategia del oficialismo
El escándalo por la criptomoneda $Libra será otro de los temas que marcarán la apertura de sesiones. La oposición prevé capitalizar el caso para exponer debilidades en el manejo del Gobierno, con legisladores dispuestos a exhibir carteles y desplegar críticas en sus discursos.
En respuesta, el oficialismo busca estrategias para desviar la atención y minimizar el impacto mediático del denominado «criptogate». Según fuentes cercanas al Presidente, la designación de jueces por DNU podría funcionar como una maniobra para redirigir el debate público. «La idea es que la presencia de los jueces en el cargo permita ganar tiempo para negociar durante el próximo año», explicaron, reconociendo que la actual situación de Milei es más delicada de lo que el Ejecutivo admite públicamente.
Mientras tanto, el discurso del Presidente se enfocará en consolidar su imagen como un líder que no teme tomar decisiones controversiales. La insistencia en avanzar con nombramientos por decreto es una muestra de su postura confrontativa, aunque podría generar un choque directo con la oposición y sectores del Poder Judicial.
