El Poder Judicial avanzó en el pedido de elevación a juicio contra Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero, acusados de liderar un esquema de desvío de fondos provenientes del plan Potenciar Trabajo. La investigación de la Justicia detalló el uso de facturas falsas, la apropiación de dinero destinado a beneficiarios y la imposición de pagos forzosos a cambio de participar en marchas y piquetes.
Según el fiscal Gerardo Pollicita, la estructura del Polo Obrero operó como una organización delictiva «estable y permanente», con jerarquías definidas y presencia en todo el país. En su dictamen, sostuvo que el grupo tuvo como objetivo «obtener un lucro indebido» y «manejar a miles de personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica».
La investigación señala a Belliboni como el principal organizador del esquema, junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth Palma. También están involucrados María Isolda Dotti, Iván Candotti y Gustavo Vásquez, encargados de la operativa en la Ciudad de Buenos Aires.
Los acusados exigían un porcentaje de los planes sociales de miles de beneficiarios, a quienes además obligaban a asistir a las movilizaciones convocadas por la organización. La Justicia identificó un listado de más de 83.500 personas afectadas por este mecanismo de extorsión. Entre agosto de 2023 y febrero de 2024, la recaudación obtenida de esta manera superó los 313 millones de pesos.
Facturas falsas y desvío de fondos públicos
El Polo Obrero también utilizó cooperativas y empresas fantasmas para justificar gastos inexistentes y ocultar la apropiación del dinero. Según el expediente, firmaron tres acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social entre 2020 y 2022, por los cuales recibieron subsidios en cuatro pagos. La primera transferencia fue de 75 millones de pesos, seguida de otra de 37,5 millones. En 2022, se aprobó un tercer desembolso por 36,2 millones, y en enero de 2023 se otorgó un último pago de 37,5 millones.
Además, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, vinculada al Polo Obrero, firmó dos convenios adicionales. Y por los cuales recibió desembolsos de 37,5 millones en dos ocasiones y un tercer pago de 99,9 millones en enero de 2023. En total, la organización administró más de 361 millones de pesos en subsidios.
Parte de estos fondos fueron justificados con facturación apócrifa. La empresa Coxtex SA, señalada por ARCA como «usina de facturas truchas», emitió comprobantes por más de 5 millones de pesos. En el caso de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, la Justicia detectó 179 facturas falsas por un total de 31 millones de pesos.
El dinero que no se justificaba con estos mecanismos habría sido utilizado para el financiamiento partidario del Polo Obrero y para gastos personales de sus dirigentes.
«Sueldos», aguinaldos y cajas en efectivo
Los investigadores encontraron documentos internos donde los referentes registraban el pago de «sueldos», «bonos» y «aguinaldos» a sí mismos con los fondos obtenidos de los planes sociales. En los allanamientos realizados en la sede de la organización, se hallaron planillas con liquidaciones que reflejaban ingresos fijos para los principales dirigentes.
En marzo de 2024, Belliboni cobraba 522.500 pesos mensuales bajo el concepto de «renta». Además, tenía acceso a un automóvil de la organización para su uso personal y disponía de dinero en efectivo para viáticos, nafta y otros gastos particulares.
La investigación también identificó otro canal de financiamiento irregular: el programa «Veredas Limpias» del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Justicia, parte del dinero recibido en el marco de este plan fue utilizado para alimentar la misma estructura de pagos y desvíos internos.
Próximos pasos en la causa
El fiscal Pollicita avanzó con el pedido de elevación a juicio y solicitó que los principales referentes del Polo Obrero sean juzgados por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. De confirmarse las acusaciones, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión.
La causa, que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, es la más grande que involucra a una organización piquetera en la Justica argentina. La investigación se aceleró tras múltiples denuncias de beneficiarios de planes sociales que fueron presionados para entregar parte de su dinero y participar en las protestas organizadas por el Polo Obrero.
El avance del proceso podría sentar un precedente clave en el control del manejo de los planes sociales. Y también en la financiación de agrupaciones vinculadas al kirchnerismo, que durante años operaron con total impunidad bajo la excusa de la militancia social.
