La Justicia Federal avanzó con la investigación contra el presidente Javier Milei y otros involucrados en el caso de la criptomoneda $LIBRA, con el objetivo de determinar si se cometieron delitos. El fiscal federal Eduardo Taiano, quien quedó a cargo de la causa, ordenó las primeras medidas de prueba para esclarecer lo sucedido.
El fiscal solicitó informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ), además de requerir información a empresas privadas, como Google, para rastrear datos sobre la difusión y operatividad de la criptomoneda. También dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que investigará el origen y la administración de los sitios web vinculados al token.
Sin embargo, hasta el momento no se han solicitado informes a la Casa Rosada, como los registros de visitas, ni se han citado testigos o enviado exhortos internacionales. “Pedidos a Presidencia serán más adelante”, señaló una fuente judicial, sin descartar nuevas órdenes en los próximos días.
En su requerimiento, Taiano expresó que el objetivo es establecer el rol de los principales involucrados en la creación y promoción de $LIBRA, y determinar si sus acciones pueden encuadrarse en delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Los investigados incluyen, además de Milei, a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
El escándalo y su impacto
El caso se originó el 14 de febrero, cuando Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X difundiendo $LIBRA, afirmando que la criptomoneda serviría para financiar pequeñas empresas en Argentina. Minutos después, el valor del token se disparó de 0,01 a 5 dólares, pero luego colapsó, generando pérdidas millonarias para los inversores. Se estima que algunas billeteras lograron retirar hasta 100 millones de dólares con información privilegiada, mientras que otros compradores quedaron atrapados en la caída del valor.
Horas más tarde, Milei eliminó la publicación y afirmó que desconocía los detalles de la criptomoneda, intentando desvincularse del escándalo. Sin embargo, la polémica ya estaba instalada y comenzaron a acumularse denuncias en los tribunales de Comodoro Py. Hasta el momento, se han presentado 10 denuncias penales para investigar el caso, siendo la primera impulsada por el exdiputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Los involucrados y el avance judicial
Entre los principales investigados se encuentran Julian Peh y Davis, señalados como los creadores de $LIBRA y quienes mantuvieron encuentros con Milei en la Casa Rosada. Davis declaró públicamente que esperaba instrucciones del gobierno para decidir qué hacer con los fondos obtenidos a través de la criptomoneda.
También se analizará la participación de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum, evento en el que Milei conoció a Peh y Davis en octubre del año pasado. Novelli ha sido mencionado en entrevistas recientes del presidente, donde lo elogió, y antes de asumir, Milei cobró por realizar cursos en empresas vinculadas a este círculo.
Otro de los nombres que aparece en la causa es Sergio Daniel Morales, quien participó en el mismo foro y sería asesor de la CNV. Su rol en la promoción y regulación de la criptomoneda se analizará en el expediente.
Investigación política y juicio político
El Congreso Nacional también tomó cartas en el asunto. En la Cámara de Diputados, sectores de la oposición presentaron pedidos de juicio político contra Milei, mientras que en el Senado, por un solo voto, no se logró habilitar la conformación de una comisión especial para investigar el escándalo.
Las primeras medidas ordenadas por el fiscal Taiano buscan obtener información oficial y sentar las bases para nuevas acciones judiciales, que podrían derivar en citaciones o imputaciones en los próximos días.