La Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, investigará si Javier Milei incumplió con la Ley de Ética (N° 25.188) y, en caso de detectar irregularidades, efectuará una denuncia penal ante la Justicia. Todo esto se provoca porque el mandatario argentino promocionó la criptomoneda $Libra en sus redes sociales el pasado viernes y el activo que costaba US$ 0,000001 llegó a valer US$ 5,20 y sus desarrolladores abandonaron el proyecto, retirando los fondos de los inversores.
Ante esto, el jefe de Estado quedó en el ojo de la tormenta como uno de los responsables de una maniobra fraudulenta por 100 millones de dólares. Sin embargo, en Casa Rosada niegan que el dirigente libertario esté involucrado en esto y pidieron que lo investiguen. Para dar lugar al pedido del Ejecutivo, el organismo cumplirá con el artículo 36 de la Constitución Nacional, incluido en reforma de 1994, que establece la supervisión de la ética pública para continuar en ejercicio del cargo al que se accedió.
A través de la investigación de la Oficina Anticorrupción que iniciará determinará si el Presidente o cualquier funcionario involucrado violó la Ley de Ética Pública, que enumera «un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado» (art. 1).
En especial si hubo incumplimiento del artículo 2, inciso G, en el que se establece que el Presidente de la Nación debe «abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa«.
El paso a paso de la investigación
La Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario. Es por eso que avanzarán con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres están ligados a la creación de este activo y se reunieron con Javier Milei en las últimas semanas.
Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo. En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.
Tanto Davis como su firma Kelsen Ventures serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial. También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre.
Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitario por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De detectar irregularidades o el uso de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia. En la página web del organismo, detallan que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del «para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan».
Tranquilidad en Casa Rosada
A pesar de este gran revuelo y la investigación que habrá contra Javier Milei, en Casa Rosada están tranquilos y confían en que la Oficina Anticorrupción no encontrará nada en contra del mandatario. «Se debe investigar todo y ahí veremos. No tenemos problema porque no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo«, aseguró una fuente de Casa de Gobierno a NA.
«La Constitución Nacional, art. 53 determina que las causales de juicio político son solo tres: 1) el mal desempeño, y es relativa a la administración del Gobierno. 2 y 3) la comisión de delitos, que requieren sentencia judicial previa. Por lo tanto, no existe casual«, completaron.
