El próximo lunes 17 de febrero, San Luis pondrá en marcha un inédito control toxicológico dirigido a 1500 funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. El narcotest, similar al antidoping en el deporte, será financiado por cada empleado público seleccionado mediante un sorteo mensual realizado por la Lotería provincial. La medida, que busca reforzar la lucha contra el narcotráfico, contempla sanciones graves para quienes den positivo, incluyendo la expulsión inmediata en el caso del Poder Ejecutivo.
Esta iniciativa surgió como un proyecto de la diputada Marisa Patafio, integrante del espacio político del gobernador Claudio Poggi, quien en 2023 logró romper con el dominio histórico de los hermanos Rodríguez Saá en la provincia. Aunque inicialmente el proyecto no reunió los votos suficientes en la Legislatura, Poggi presionó con un decreto que lo aplicaba a su propio gabinete, generando repercusión pública y consiguiendo finalmente la aprobación de la ley en noviembre pasado bajo el título «Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico».
Cómo será el control toxicológico
El test se aplicará de forma aleatoria. Todos los funcionarios recibirán un número asignado que será sorteado en la Lotería de San Luis. Cada mes, 100 personas serán seleccionadas y notificadas a través de correo electrónico o WhatsApp, con un plazo de 24 horas para presentarse a realizar el estudio. La prueba, supervisada por un escribano público, será administrada por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis y analizará la presencia de sustancias como cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos, barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, éxtasis, morfina y fenciclidina.
El costo del test inicial, que en diciembre se estimaba en $40.000, será cubierto por el funcionario evaluado. Si el resultado es positivo, se podrá solicitar una contraprueba en la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo valor asciende a $150.000.
Consecuencias de un resultado positivo
El impacto de un resultado positivo varía según el poder del Estado al que pertenezca el funcionario afectado. En el caso del Poder Ejecutivo, el gobernador dictará un decreto de cese inmediato de sus funciones. Para el Poder Legislativo, la detección de drogas constituye causal de juicio político. En tanto, para el Poder Judicial, la situación se elevará al jurado de enjuiciamiento.
Además, se contemplan medidas de contención para ciertos sectores como las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y el personal de salud. Si el resultado positivo refleja un consumo moderado, se dispondrá un tratamiento en un centro de prevención de adicciones.
Quiénes estarán obligados a someterse al test
En la primera etapa, la normativa abarca a altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al gobernador, el vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, directores, subdirectores y jefes de área, así como empleados de entes descentralizados, entre ellos el Hospital Central Ramón Carrillo, los Laboratorios Puntanos y San Luis Agua.
Para el ámbito legislativo, estarán obligados a realizar el narcotest los senadores y diputados provinciales, así como los integrantes de las mesas directivas de ambas cámaras. En el Poder Judicial, la medida incluye a jueces del Superior Tribunal de Justicia, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales y defensores oficiales. Además, alcanza a miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
En una segunda etapa, la ley se extenderá a policías, agentes penitenciarios y personal de la salud pública.
Polémica en torno a la implementación
La medida ha generado múltiples reacciones entre funcionarios y gremios estatales. Entre las consultas más recurrentes se encuentra la preocupación sobre el consumo de drogas recreativas, como el cannabis. Según explicaron desde la Facultad de Química, un consumo esporádico no sería detectado en los análisis. Sin embargo, las críticas también apuntan al costo del test, que debe ser asumido por cada funcionario seleccionado.
Por otro lado, el gobierno provincial defiende la iniciativa como un paso clave en la lucha contra el narcotráfico. Según el gobernador Poggi, la medida busca proteger a la población y evitar que el consumo de drogas entre funcionarios públicos impacte en la comunidad.
El 21 de noviembre del año pasado, cuando solo estaba en vigencia el decreto, el vicegobernador Ricardo Endeiza se sometió al test. «Esta mañana me realicé el examen toxicológico establecido por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la Lucha contra el Narcotráfico. La prueba se realizó en un laboratorio de la UNSL, asegurando la independencia y objetividad de los resultados».
San Luis se convierte en la primera provincia en implementar un control toxicológico obligatorio y aleatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado, con consecuencias severas para quienes den positivo. Aunque la medida genera debate, el gobierno provincial la considera un símbolo de transparencia y compromiso contra el narcotráfico. Con el primer sorteo ya programado, queda por ver cómo se desarrollará en la práctica y qué impacto tendrá en la política local.
