Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató una fuerte controversia tras la difusión de su contenido, donde se utilizan términos en desuso y considerados ofensivos para referirse a personas con discapacidad intelectual y salud mental. La polémica surgió a raíz de la publicación del Anexo I de la Resolución 187 en el Boletín Oficial, donde se emplean expresiones como «idiota», «imbécil» y «débil mental», provocando el repudio de asociaciones de familiares y especialistas en salud mental.
El texto en cuestión forma parte de la normativa para la evaluación médica de invalidez en el marco de las pensiones no contributivas. Se trata de un documento técnico que establece criterios para la clasificación de personas con discapacidad intelectual basados en escalas de coeficiente intelectual (CI). Sin embargo, lo que generó indignación fue la inclusión de términos obsoletos y peyorativos para describir distintos niveles de discapacidad.
En el documento, se establecen categorías según el coeficiente intelectual, acompañadas de términos que históricamente fueron utilizados para clasificar a personas con discapacidad, pero que han sido erradicados de la terminología médica y científica debido a su carga estigmatizante.
Por ejemplo, para un CI de 0 a 30, el documento incluye la palabra «idiota» y detalla: «No atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo». Para un CI de 30 a 50, se usa el término «imbécil» y se explica que la persona «no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias». Mientras tanto, para un CI de 50 a 60, el texto se refiere a «débil mental profundo», seguido de «débil mental moderado» y «débil mental leve».
Rechazo de asociaciones y especialistas
Las expresiones empleadas en la resolución generaron una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas con discapacidad y profesionales de la salud mental. Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresaron su repudio y exigieron la inmediata rectificación del documento:
«Reclamamos la inmediata rectificación de esta resolución y el reemplazo de su terminología por un lenguaje acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y con el modelo social de la discapacidad».
Especialistas en salud mental coincidieron en que estos términos han sido eliminados de la práctica médica y que su uso en un documento oficial resulta anacrónico y ofensivo. Actualmente, las clasificaciones internacionales, como la del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, o la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han reemplazado estos términos por categorías más precisas y respetuosas.
Silencio oficial y pedidos de explicaciones
ANDIS, organismo descentralizado que depende del Ministerio de Salud de la Nación, aún no ha dado una respuesta oficial sobre la polémica. Su director, Diego Spagnuolo, según trascendió, se encuentra de vacaciones, y hasta el momento no se han emitido aclaraciones sobre quién redactó el anexo ni cuál fue el fundamento técnico para la inclusión de estos términos.
Ante la falta de explicaciones, el malestar creció en redes sociales, donde cientos de usuarios y referentes de la discapacidad cuestionaron la decisión. También se multiplicaron los pedidos para que el gobierno rectifique el documento y adopte un lenguaje acorde a los principios de inclusión y respeto.
