En vísperas de la marcha de la comunidad LGBT contra el gobierno de Javier Milei, el juez federal Alejo Ramos Padilla, identificado con La Cámpora, emitió un fallo que busca restringir la acción de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. En su resolución, dictó un hábeas corpus preventivo para garantizar que los manifestantes no sean identificados, filmados o requisados sin orden judicial.
La decisión judicial, sin embargo, solo tiene alcance dentro del territorio bonaerense y no afecta a la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentrará la protesta convocada por sectores vinculados a la diversidad de género, pero amplificada por la estructura kirchnerista, la CGT, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas de la oposición.
Fallo judicial con tinte político
El magistrado también instó a las autoridades nacionales y provinciales a garantizar que los manifestantes puedan expresarse «en libertad». La acción judicial fue impulsada por Matías Peñalva, exfuncionario del área de Géneros y Familias del gobierno de Axel Kicillof, lo que confirma el trasfondo político de la medida.
Peñalva presentó la solicitud junto al abogado Martín Ertola, alegando que la movilización requería protección frente a posibles operativos de seguridad. Argumentó que el caso ameritaba un hábeas corpus colectivo, aunque no existían antecedentes concretos de represión ni medidas previas que justifiquen tal fallo.
La Cámpora y la estrategia detrás de la movilización
Desde el oficialismo ven este episodio como parte de una estrategia kirchnerista para instalar una narrativa contra el gobierno libertario. «Es una movida política de los K. La comunidad LGBT nunca se movilizó por causas reales, pero ahora marchan porque el peronismo los convoca», señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo.
El aparato kirchnerista se sumó a la protesta después de que los colectivos LGBT llamaran a manifestarse contra los dichos de Milei en Davos, donde el presidente criticó la ideología de género y la cultura woke. Además, se filtró que el Gobierno avanza con un paquete legislativo que eliminaría privilegios asociados a políticas de género, como la ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans y la figura del femicidio en el Código Penal.
Un intento de victimización política
El fallo de Ramos Padilla se alinea con la narrativa de victimización que busca instalar el kirchnerismo ante cada medida del gobierno. Mientras el Ejecutivo avanza con reformas estructurales, la oposición impulsa protestas con el argumento de la «discriminación», cuando en realidad se trata de una estrategia para frenar cambios que afectan sus espacios de poder.
En este contexto, la marcha de la comunidad LGBT queda expuesta como una maniobra más de la izquierda y el kirchnerismo para generar confrontación política. El trasfondo no es la defensa de derechos, sino la instrumentalización de colectivos para construir oposición a Milei.
Desde el Gobierno aseguran que la agenda seguirá su curso sin ceder ante presiones militantes. La eliminación de privilegios de ciertos grupos no implica restricciones de derechos, sino el fin de una estructura artificial que se utilizó como herramienta de control y financiamiento político.
