El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) con el objetivo de revisar más de un millón de casos en todo el país. En esta primera etapa, 300.000 beneficiarios de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe recibirán notificaciones del Gobierno nacional para someterse a una nueva evaluación médica que determinará si continúan o no percibiendo el beneficio.
El Gobierno busca depurar el padrón y garantizar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), esta revisión podría generar un ahorro de aproximadamente 900.000 millones de pesos a lo largo del año.
Cómo será el proceso de auditoría
Los beneficiarios citados deberán presentarse a una consulta médica con profesionales de PAMI, donde se les exigirá la documentación respaldatoria que justifique la continuidad del beneficio. Luego, especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes y emitirán los dictámenes correspondientes.
La asistencia a las citaciones es obligatoria y la incomparecencia sin justificación dentro del plazo establecido podrá derivar en la suspensión del pago de la pensión. Aquellos que no puedan asistir por razones de fuerza mayor deberán comunicarlo con 24 horas de anticipación a través del correo electrónico inasistenciapnc@andis.gob.ar o mediante el chatbot oficial de WhatsApp (+54 11 3910-1010), adjuntando la documentación que justifique la ausencia.
Esta primera fase es solo el inicio de un proceso que se desarrollará de forma escalonada y progresiva, con un especial foco en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Se prevé que la auditoría completa concluya en la primera mitad de 2025.
Irregularidades detectadas en el sistema de pensiones
El Gobierno nacional justifica esta medida tras detectar una serie de irregularidades en la asignación de pensiones. Según datos oficiales, de 22.417 casos revisados en 2024, solo el 20% cumplía con los requisitos legales.
Entre las anomalías más graves, se identificó que 150 personas fallecidas y 212 reclusos seguían cobrando el beneficio de manera irregular. Además, en octubre del año pasado, se detectó a 14 prófugos de la justicia que percibían pensiones por invalidez.
Para implementar la auditoría, el Ejecutivo firmó acuerdos con ANDIS y PAMI, estableciendo un esquema de contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos para gestionar la baja de beneficios irregulares.
Antecedentes de las auditorías previas
Antes de iniciar la convocatoria masiva, el Gobierno realizó un relevamiento preliminar entre el 2 y el 20 de enero. Durante ese período, se citó a 1.108 beneficiarios para revisión, de los cuales 357 no se presentaron, lo que equivale al 31,6% del total.
Entre quienes asistieron, 126 personas (16,6%) no cumplían con los requisitos para recibir la pensión y, por lo tanto, quedaron excluidas del sistema. Otros 16 casos (2,1%) quedaron bajo observación para una nueva evaluación médica.
Estos hallazgos refuerzan la postura del Gobierno de que la falta de controles permitió que miles de personas cobraran el beneficio sin cumplir con los requisitos legales, generando un enorme gasto para el Estado.
El objetivo del Gobierno y las reacciones
El Ejecutivo de Javier Milei considera esta auditoría como un paso clave en su estrategia de recorte del gasto público y eliminación de subsidios mal otorgados. Desde ANDIS aseguran que la revisión de los beneficios es una medida necesaria para garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan, y que las personas con discapacidades reales no sean perjudicadas por el descontrol administrativo de los últimos años.
Sin embargo, sectores opositores y organizaciones de derechos sociales han cuestionado la medida, argumentando que podría afectar a beneficiarios que sí necesitan la asistencia del Estado. Desde el oficialismo insisten en que la auditoría es simplemente un mecanismo de control para evitar fraudes y optimizar el sistema.
Con este proceso en marcha, el Gobierno busca depurar el sistema de pensiones y reducir significativamente el gasto público en prestaciones irregulares, marcando un punto de inflexión en la política asistencialista de los últimos años.
