El presidente Javier Milei abrirá la Asamblea Legislativa el sábado a las 20, por lo que los miembros del Congreso de la Nación retomarán sus actividades con las sesiones ordinarias de ambas Cámaras legislativas. El oficialismo buscará en 2025, entre varias otras propuestas, modificar distintos puntos del Régimen Penal Juvenil, restringir las candidaturas de personas condenadas y eliminar leyes de «discriminación positiva».
Uno de los primeros trabajos que podría realizar la Cámara de Senadores podría estar ligado al reciente nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. El presidente nombró a los jueces mediante un decreto, aunque decidió no retirar sus candidaturas del Senado para poder continuar con el proceso parlamentario adecuado. El nombramiento de Lijo y García-Mansilla fue «en comisión», por lo que solo podrán desempeñarse hasta el 30 de noviembre, por lo que necesitarán de un dictamen de la Cámara Alta para quedar en sus puestos.
Otro gran proyecto que el oficialismo buscará sancionar durante 2025 es la baja en la edad de imputabilidad y la modificación al Régimen Penal Juvenil. La propuesta presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca establecer la edad de imputabilidad en menores a loas 13 años. El debate por este proyecto resurgió en días recientes debido a la muerte de una niña en la Provincia de Buenos Aires a manos de dos adolescentes, uno de 14 y otro de 17 años.
Asimismo, el Congreso retomará el debate por la Ley de Ficha Limpia, elaborada por el ministro de Defensa, Luis Petri. El proyecto presentado inicialmente por el PRO busca prohibir que personas con condena firme en segunda instancia se puedan presentar como candidatas en las elecciones. El oficialismo no acompañó este proyecto a pesar de ser los principales aliados del macrismo y presentó una alternativa que modificaba los aspectos más problemáticos planteados por el PRO.
El Gobierno también buscará avanzar con distintos proyectos para eliminar la «discriminación positiva». La propuesta conocida como «Ley de igualdad ante la ley» fue planteada a mediados de 2024 y busca, entre otras cosas, eliminar el cupo trans de la administración pública, la emisión de los DNI no binarios, y la tipificación del delito de «femicidio».
Así, el Gobierno eliminaría la ley que establece un cupo mínimo del 1% en cargos públicos para personas transgénero, transexuales y travestis; derogaría el Decreto 476/2021, que permite la nomenclatura «X» en los documentos de identificación para personas no binarias; y modificar la «Ley Micaela», sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri para capacitar a las autoridades nacionales en temáticas como la violencia de género.
