Previo a la sesión del Senado donde se debatirá el futuro de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, el Gobierno Nacional no confía en alcanzar los votos a favor necesarios para los nombramientos y descartaron nombrar a Lijo mediante un decreto. Sin embargo, el oficialismo comenzó a trabajar en una lista de posibles nuevos candidatos para ocupar los puestos disponibles en la Corte Suprema.
Tras el escándalo generado por la criptomoneda $LIBRA, el oficialismo buscará avanzar con sus proyectos en el Congreso, entre los que se encuentran los nombramientos de los jueces. El gobierno de Javier Milei postuló a Lijo y García Mansilla como reemplazantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda; en un principio intentando hacerlo a través del Congreso, pero deslizando la posibilidad de hacerlo mediante un decreto, según reveló el propio presidente.
Al igual que en ocasiones anteriores, los votos claves para lograr la aprobación en el Senado pertenecen al kirchnerismo, con quien el oficialismo negoció para destrabar las candidaturas. Desde el Gobierno prefieren que Lijo sea nombrado tras conseguir la mayoría agravada en el Senado, mientras que García Mansilla si podría ser nombrado por decreto, al igual que otro candidato que no será definido mientras Lijo todavía esté en juego.
Los nuevos candidatos
«Si rechazan a Lijo, veremos de proponer a los jueces más libertarios que podamos encontrar», comentaron fuentes cercanas al presidente a Infobae. De desestimarse la candidatura de Lijo, los nombres más sonados serían Ricardo Ramírez Calvo, Ricardo Manuel Rojas, Carlos Laplacette y Alberto Bianchi.
Calvo trabajó con García Mansilla, y habría sido recomendado por él; mientras que Rojas fue uno de los nombres sonados para ocupar el puesto de Procurador del Tesoro luego de la salida de Rodolfo Barra. Rojas es ex juez penal y autor del libro «La inflación como delito«; luego de rechazar el puesto de Procurador, desde el Poder Ejecutivos adelantaron que podría ser designado en otra área de la administración pública nacional.
Por su lado, Laplacette es abogado constitucionalista y se desempeña en el Estudio Cassagrande, además de haber sido uno de los nombres propuestos como Procurador. Bianchi también es constitucionalista, además de ser el autor de «Recurso Extraordinario«, entre otros libros.
