El Gobierno busca avanzar rápidamente con el tratamiento y la sanción de la baja en la edad de imputabilidad, tras el asesinato de Kim Gómez en La Plata. La víctima, de 7 años, fue asesinada por dos adolescentes de 14 y 17 años, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores.
Actualmente, la ley establece que el menor de 14 años es inimputable, lo que significa que no podrá ser condenado por el homicidio de la niña. Esta situación generó una fuerte reacción del oficialismo, que insiste en la urgencia de modificar el régimen penal juvenil.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en pronunciarse sobre el caso. A través de sus redes sociales, expresó la necesidad de tratar con urgencia el proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad. «No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes», afirmó.
Los detalles del proyecto
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa que la baja en la edad de imputabilidad es un tema prioritario en la agenda del Gobierno. Según sus declaraciones, el crimen de Kim Gómez «es una aberración» y requiere una respuesta inmediata por parte del Estado.
El 15 de julio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad a los 13 años. Además, establece una pena máxima de 20 años para los menores condenados y prohíbe la reclusión perpetua.
Desde Casa Rosada justifican la necesidad de esta reforma al argumentar que «los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes». Según el Gobierno, esta situación genera una «injusticia» que es percibida tanto por las víctimas como por la sociedad en su conjunto.
División de opiniones
El proyecto propone un régimen penal aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Aunque no se impondrán penas de reclusión perpetua, las condenas podrán extenderse hasta 20 años, dependiendo de la gravedad del delito.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno subraya que la situación de los menores en conflicto con la ley penal es un «grave problema» que requiere un abordaje integral. En ese sentido, destacan la importancia de acompañar a los adolescentes con medidas que fomenten la integración social y el acceso a oportunidades laborales.
Asimismo, se argumenta que la Ley Nº 22.278, vigente desde 1980, no se adecúa a los principios constitucionales ni a la realidad actual. Según el oficialismo, los cambios en el comportamiento delictivo de los adolescentes y su relación con bandas criminales justifican la necesidad de una reforma legislativa.
Mientras el debate avanza en el Congreso, el Gobierno busca acelerar el proceso para garantizar que casos como el de Kim Gómez no queden impunes. La discusión sobre la edad de imputabilidad promete ser uno de los temas centrales en la agenda política de los próximos meses.
MENORES ASESINARON A UNA NIÑA EN EL CONURBANO BONAERENSE
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 26, 2025
Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los… pic.twitter.com/v7tohkkguP
