Mientras la oposición sigue explotando la polémica en torno a Javier Milei por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, un escándalo de corrupción golpea a una de las figuras más representativas del kirchnerismo. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos y la causa recayó en el juzgado federal subrogado por el juez Ariel Lijo, el mismo que el oficialismo busca sumar a la Corte Suprema de Justicia.
El caso involucra el financiamiento por 70 millones de pesos para la construcción de un polideportivo en la capital formoseña, un proyecto que, según la denuncia presentada por la legisladora provincial Gabriela Neme, nunca se concretó. La acusación, radicada en el Juzgado Federal N°12, apunta directamente a la administración de Insfrán, quien ha gobernado la provincia con mano de hierro desde 1995 y es uno de los grandes exponentes del modelo kirchnerista basado en el control total del poder y el financiamiento clientelar.
Un entramado de poder con impacto en la Corte
La denuncia contra Insfrán llega en un momento clave para el peronismo en el Senado, donde se negocia la designación de Lijo en la Corte Suprema. En el kirchnerismo, que históricamente ha manejado la justicia con intereses políticos, la preocupación es evidente: no solo porque el magistrado tiene en sus manos múltiples expedientes sensibles, sino porque la causa contra el gobernador formoseño podría incomodar a los senadores peronistas que dependen de su respaldo político y económico.
En el Congreso, los bloques kirchneristas están divididos. Por un lado, los gobernadores buscan garantizar su influencia en la justicia, mientras que en el Instituto Patria, el círculo de Cristina Kirchner, se especula con la conveniencia de apoyar a Lijo. En este contexto, Insfrán aparece como una pieza clave, ya que controla directamente los votos de los senadores formoseños José Mayans y María Teresa González, ambos incondicionales del esquema de poder que el kirchnerismo montó durante dos décadas.
La preocupación dentro del bloque peronista es clara. La denuncia contra Insfrán pone en evidencia el esquema de corrupción y manejo discrecional de los fondos públicos que caracteriza al kirchnerismo. Mientras el peronismo intenta mostrarse como una oposición constructiva frente a Milei, el escándalo en Formosa deja al descubierto las mismas prácticas que llevaron a la Argentina a una crisis institucional y económica.
Un modus operandi que se repite
La acusación de Neme se basa en documentos que demostrarían que el gobierno de Formosa adjudicó 70 millones de pesos a la empresa Fuerza Constructora para la edificación de un polideportivo que nunca se construyó. La legisladora denuncia que, pese a que el dinero fue desembolsado en su totalidad, la obra jamás se inició. Solo después de que la denuncia se hiciera pública, asegura Neme, comenzó a registrarse movimiento en el predio.
Este tipo de maniobras no es nueva dentro del esquema kirchnerista. Durante años, Insfrán manejó Formosa con una lógica de caja negra, en la que los fondos públicos se distribuyen sin control ni transparencia. La provincia, pese a recibir ingentes recursos del Estado nacional, sigue siendo una de las más pobres del país, con altos niveles de dependencia del empleo público y escasa inversión privada.
Un circuito de financiamiento partidario
Pero la denuncia por el polideportivo no es la única que enfrenta Insfrán. Neme también presentó una segunda denuncia ante el juez Julián Ercolini, en la que señala transferencias de fondos públicos directamente a cuentas del Partido Justicialista de Formosa, que preside el propio gobernador. Según la legisladora, se identificaron movimientos por más de 1.660 millones de pesos, en operaciones que incluyen órdenes de pago, transferencias y depósitos realizados desde cuentas del gobierno provincial.
Este mecanismo expone cómo el kirchnerismo utilizó durante años el aparato estatal para financiar su estructura política. Mientras el oficialismo busca eliminar el financiamiento a la política con dinero público, en el peronismo siguen vigentes los viejos esquemas de desvío de fondos, en los que el Estado es una herramienta al servicio de la militancia y no de los ciudadanos.
La Justicia bajo presión
El hecho de que la causa haya recaído en el juzgado de Lijo complica aún más el panorama. La oposición peronista en el Senado necesita resolver las negociaciones por su pliego y esta denuncia podría convertirse en un factor de presión para obtener concesiones en la Corte Suprema.
Mientras el Gobierno de Milei enfrenta una dura batalla contra la casta política, el caso Insfrán deja en claro que en el peronismo sigue vigente la lógica de la impunidad y el uso discrecional del Estado. La denuncia marca un nuevo capítulo en la relación entre la justicia y la política, y podría revelar cómo el kirchnerismo financió su estructura partidaria a costa de los recursos públicos.
