La condena contra Cristina Kirchner por la corrupción en la obra pública de Santa Cruz entra en una semana clave con las apelaciones de todas las partes, en un intento por dilatar la sentencia y llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Hasta el viernes, los acusados y la Fiscalía tienen tiempo para presentar sus recursos ante la Cámara Federal de Casación, que en noviembre ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
El objetivo del kirchnerismo es claro: evitar que la condena quede firme antes de las elecciones y jugar su última carta en el máximo tribunal. Mientras tanto, la Fiscalía busca agravar la pena y restablecer la figura de asociación ilícita, lo que elevaría la sentencia a 12 años de prisión para la exmandataria.
El plan de Cristina Kirchner: llegar a la Corte
La defensa de Kirchner, encabezada por Alberto Beraldi, intentará impugnar la condena y pedir su absolución, una estrategia compartida con los demás condenados. Por otro lado, el fiscal Mario Villar presentará su propio recurso para revertir las absoluciones y endurecer las penas de los responsables del esquema de corrupción que desfalcó las cuentas del Estado.
Una vez presentadas las apelaciones, la Casación tendrá 10 días para resolver si acepta los planteos y eleva el caso a la Corte Suprema o si los rechaza, lo que obligaría a las partes a recurrir al recurso de queja.
En términos políticos, la maniobra busca ganar tiempo. En año electoral, Kirchner podría ser candidata, y su condena firme comprometería cualquier intento de retorno al poder. Además, la Corte Suprema se encuentra con solo tres jueces en funciones (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) y el Senado aún debate la designación de los candidatos de Javier Milei, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Corrupción sistemática: las pruebas que hunden a CFK
El fallo de Casación ratificó lo que la Justicia ya había probado en diciembre de 2022: Cristina Kirchner lideró una estructura criminal que, entre 2003 y 2015, desvió fondos públicos en favor de su socio empresario Lázaro Báez, mediante licitaciones fraudulentas en Santa Cruz.
En la sentencia quedaron expuestos los mecanismos utilizados para manipular la obra pública y enriquecer a Báez, quien cartelizó los contratos viales con la complicidad de funcionarios como José López, Nelson Periotti y otros exdirectivos de Vialidad Nacional.
El escándalo tomó aún mayor dimensión con el «plan limpiar todo», un entramado de operaciones descubiertas en los chats de José López antes de la asunción de Mauricio Macri en 2015. En esos mensajes, López coordinaba con Báez y la propia Cristina Kirchner el pago acelerado de deudas y el cierre de empresas, garantizando así la impunidad del circuito de corrupción.
La maniobra del kirchnerismo: dilatar la condena
La estrategia de CFK es evidente: estirar la causa lo máximo posible para que la Corte Suprema no la deje fuera del juego electoral. En el mejor de los casos, el kirchnerismo busca que la resolución final del tribunal llegue después de 2025, lo que le permitiría reorganizar su espacio político sin la amenaza inminente de una sentencia firme.
Sin embargo, las pruebas son irrefutables. La condena de seis años de prisión y el embargo de 84 mil millones de pesos marcan un precedente contundente en la lucha contra la corrupción en Argentina. El intento de dilatar la sentencia solo confirma que el kirchnerismo sigue apostando a la impunidad como estrategia de supervivencia política.
