El Gobierno avanza con las evaluaciones de idoneidad para empleados públicos, impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. Sin embargo, la medida genera un fuerte rechazo en los gremios estatales, que cuestionan tanto su validez como su costo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el sistema de evaluación ya demandó una inversión de $2.570 millones y que, pese a la intención de «seleccionar a los más capacitados», el 98% de los evaluados aprobó.
«Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y fracasaron. Rindieron todos bien», afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien exigió el pase a planta permanente de los trabajadores que superaron la prueba y aún permanecen en condiciones de inestabilidad laboral.
Además, reclamó que la iniciativa no se extienda al resto del país. «Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad», subrayó.
El examen y su impacto en la administración pública
La evaluación, diseñada por el Gobierno, consistió en un multiple choice con entre 20 y 24 preguntas sobre lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos según el perfil de los trabajadores: profesionales, administrativos y servicios generales.
Según la resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación, estas pruebas no son vinculantes y, por lo tanto, su aprobación no garantiza la continuidad laboral de los empleados. No obstante, quienes reprueben en tres intentos no podrán seguir desempeñándose en el Estado.
El proceso de evaluación se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y todavía no se implementó en el resto del país. Los trabajadores debieron gestionar un turno y rendir de manera anónima, con un código asignado para preservar su identidad. Según cálculos de ATE, el gasto estimado en este sistema no solo incluye los costos administrativos y de diseño de las pruebas, sino también el tiempo laboral perdido por los empleados que fueron convocados a rendir.
Críticas sindicales y cuestionamientos al sistema
ATE sostiene que el Sistema de Evaluación Pública es innecesario, ya que la administración estatal ya cuenta con mecanismos de evaluación contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario del sector público, también rechazó la iniciativa y la calificó como «un atropello a la dignidad laboral».
«No tiene sentido tomar exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad. Todas estas cuestiones solo alteran el clima laboral y generan miedos», afirmó Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. En un comunicado, el sindicato denunció que la iniciativa «carece de seriedad, transparencia y planificación» y que su único objetivo es «humillar a quienes sostienen los servicios esenciales del país».
El Gobierno, por su parte, defiende la implementación del sistema y sostiene que busca garantizar la eficiencia en la administración pública. Aunque los exámenes seguirán aplicándose hasta febrero de 2025, el alto porcentaje de aprobados y el costo que implica su desarrollo ponen en duda su efectividad como herramienta de reorganización del empleo estatal.
