El Gobierno nacional oficializó este lunes una baja de aranceles para productos textiles, calzado, hilados y telas, con el objetivo de reducir los precios de la indumentaria, uno de los rubros más sensibles al consumo de los hogares. A través del Decreto 236/2025, la administración de Javier Milei dispuso una serie de reducciones que retrotraen la protección arancelaria a niveles previos a 2007.
La medida apunta a acercar los precios internos a los valores internacionales. Sin embargo, especialistas del sector advierten que el impacto final en el precio que pagan los consumidores será limitado y que, en contrapartida, se profundizarán las dificultades para una industria que genera más de medio millón de empleos.
Qué dice el decreto y cómo se aplicará
La normativa redujo el arancel para la importación de ropa y calzado del 35% al 20%; el de telas del 26% al 18%; y el de distintos hilados al 12%, 14% y 16%, según el tipo de producto. En la práctica, esto implica un alivio para los productos importados y una presión mayor sobre la producción nacional.
Según el economista textil Gustavo Ludmer, el efecto en los precios será marginal: apenas un 3,6% en promedio. Estimó una caída del 11,1% en la ropa actualmente importada (que representa un 15% del total del mercado), una baja del 2,7% en productos que comenzarían a importarse, y una merma del 1% a 1,2% en los productos nacionales por competencia e insumos más baratos.
El rubro “Prendas de vestir y calzado” representa un 5,7% del índice de inflación. Por eso, el recorte de aranceles tendría un efecto estimado de 0,2 puntos porcentuales en el IPC general, según el especialista.
Precios por las nubes y competencia desleal
De acuerdo a un informe de la consultora Analytica, los precios de la ropa en Argentina superan ampliamente los valores internacionales. Una remera cuesta hasta un 310% más que en España y un 95% más que en Brasil. Las diferencias de precios, aseguran, no se explican por la carga impositiva sino por la elevada protección que impide una competencia real.
La situación de fondo es compleja: durante los últimos años, la indumentaria registró aumentos superiores al promedio. En 2022, mientras el consumo privado crecía 9,4%, el precio de la ropa se disparaba 26 puntos por encima del índice general. Recién en 2024, con una caída del 4,2% en el consumo y menor inflación, los precios del rubro convergieron hacia el promedio.
Riesgo para la industria y el empleo
Mientras el Ejecutivo busca aliviar el bolsillo del consumidor, la industria advierte sobre una posible destrucción de empleo. Según datos oficiales, toda la cadena textil emplea a unas 539.000 personas. Desde el sector empresario señalan que la medida, sin una baja de impuestos ni combate al contrabando y dumping, implica un “industricidio”.
Regiones como La Rioja y Catamarca, donde la industria textil tiene fuerte presencia, podrían verse particularmente afectadas. La apertura, advirtió Analytica, “profundiza la presión sobre sectores sensibles, con alta informalidad y baja productividad”, en un contexto de apreciación cambiaria y rebote parcial del consumo.
Una medida de corto plazo con impacto limitado
Desde el punto de vista macroeconómico, la reducción de aranceles podría aportar un alivio inflacionario de corto plazo. Pero ese efecto positivo tiene un alto costo: riesgo sobre el empleo, caída de la producción nacional y deterioro del saldo comercial en un año sin rebote exportador tras la sequía.
En 2024, las importaciones de textiles y calzado fueron de USD 1.789 millones. En la última década promediaron los USD 2.241 millones anuales, con picos de USD 3.089 millones en 2011. El Ejecutivo apuesta a contener precios, pero la apertura podría tener efectos colaterales considerables.
