La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de diez años de prisión para el ex comisario de la Policía Federal Argentina, Roberto Álvarez, en el marco de la causa «Contraofensiva Montonera III». Además, el tribunal instó al Gobierno a preservar los sitios de memoria y los archivos de la dictadura, fundamentales para reconstruir la historia.
Los jueces Alejandro W. Slokar, Ángela E. Ledesma y Guillermo Yacobucci firmaron el fallo. Confirmaron la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín, que halló culpable a Álvarez por privar ilegítimamente de la libertad y aplicar tormentos agravados a una víctima de la «Contraofensiva Montonera».
El caso de Edith Aixa Bona
Edith Aixa Bona y su pareja, Gervasio Martín Guadix, militaban en Montoneros y regresaron del exilio en 1979. En marzo de 1980, la secuestraron pocas horas después que a su pareja, en la ciudad de Buenos Aires. Primero la llevaron a un centro clandestino de detención en Campo de Mayo. Luego, la trasladaron a la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina, donde Álvarez era jefe.
Durante una semana, Bona permaneció encadenada a un catre, sin recibir alimento. Luego la «legalizaron» y la enviaron a la cárcel de Devoto. Su testimonio resultó clave para condenar al ex comisario.
Preservación de la memoria histórica
En su resolución, el juez Slokar destacó la importancia de conservar la prueba y proteger los derechos de las víctimas. También señaló la necesidad de evitar la re-victimización y garantizar la seguridad personal de sobrevivientes y familiares.
El magistrado citó informes de expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertaron sobre el peligro de posturas negacionistas o relativistas respecto a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
La CIDH reiteró que los Estados deben reconocer la verdad histórica y asumir su responsabilidad. Se debe preservar los sitios de memoria y los archivos de la dictadura. También enfatizó la necesidad de garantizar la conservación de la memoria histórica, incluir la temática en la currícula escolar obligatoria y promover una cultura de derechos humanos y democracia. Estas medidas buscan evitar que estos crímenes se repitan en el futuro.
