El escándalo de Vicentin sumó un nuevo capítulo con la detención de cuatro exdirectivos de la agroexportadora, acusados de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta. La empresa, que en 2019 entró en default con una deuda superior a 1.500 millones de dólares, enfrenta una compleja situación judicial que involucra tanto al ámbito penal como al comercial. La Justicia investiga si hubo maniobras fraudulentas en el manejo de los fondos, lo que perjudicó a cientos de acreedores, entre ellos el Estado argentino, principal damnificado por los prestamos que le otorgó el Banco Nación.
Entre los detenidos se encuentran Daniel Buyatti, expresidente de la compañía, y Roberto Gazze, exgerente, arrestados en un megaoperativo con más de 20 allanamientos en Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. A ellos se suman Omar Scarel y Alberto Julián Macua, quienes se entregaron voluntariamente tras pesar sobre ellos órdenes de captura. Según la Fiscalía, los acusados siguieron gestionando de manera irregular los fondos de la empresa, a pesar de ya no formar parte del directorio.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja consideran que las detenciones son clave para esclarecer el desfalco y determinar el rol de los exdirectivos en la crisis de la empresa. Las penas podrían alcanzar hasta 16 años de prisión. Sin embargo, la defensa de los detenidos, encabezada por el abogado Jorge Ilharrescondo, denunció una persecución judicial y cuestionó la oportunidad de los arrestos, señalando que coinciden con momentos clave del concurso de acreedores.
Más allá del impacto judicial, el caso golpea con fuerza al sector agroexportador. Vicentin, que en su momento fue una de las principales empresas del rubro, dejó un tendal de deudas que afectaron a productores, proveedores y empleados. Más de 1.000 trabajadores dependen de la firma, cuya operatividad se ha visto reducida por la falta de financiamiento y los conflictos legales.
Uno de los puntos más controversiales es el perjuicio al Estado nacional, que figura entre los principales acreedores. El Banco Nación le otorgó créditos millonarios antes del default, dinero que nunca se devolvió. La situación ha llevado a que distintos sectores reclamen que el Estado tome un rol más activo en la recuperación de los fondos.
El futuro de Vicentin es incierto. La Corte Suprema de Santa Fe suspendió la homologación del concurso de acreedores tras un planteo de inconstitucionalidad presentado por un grupo de damnificados. Esta decisión dejó en el aire cualquier intento de acuerdo y acercó a la empresa al escenario de la quiebra definitiva.
El intento de expropiación de Alberto Fernández tumbado por una masiva protesta
El caso también reflotó el debate sobre la fallida expropiación que impulsó el gobierno de Alberto Fernández en 2020. En aquel momento, el Ejecutivo intentó intervenir la empresa para salvarla de la quiebra y preservar su rol estratégico en el comercio de granos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por sectores políticos y productores agropecuarios, y finalmente quedó archivada.
Hoy, con sus exdirectivos detenidos y la empresa al borde del colapso, el caso Vicentin sigue siendo un símbolo de los conflictos entre el poder económico, la política y la justicia en Argentina. La pregunta clave es qué pasará con los fondos desaparecidos y si los responsables responderán ante la ley.
