La Cámara Federal porteña habilitó al dirigente social Juan Grabois y a los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg a actuar como querellantes en la causa por $LIBRA, la moneda virtual promovida por el presidente Javier Milei, que sufrió una caída en su cotización y generó pérdidas a inversores. La decisión del tribunal revierte el fallo de la jueza María Servini, quien había rechazado el pedido de los denunciantes.
Más que un intento por esclarecer los hechos, el movimiento de Grabois se enmarca dentro de su estrategia política para debilitar al Gobierno. Como un referente del kirchnerismo, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) encontró en este expediente una herramienta para atacar a la administración libertaria y reforzar su posicionamiento opositor.
Un fallo a medida de la oposición
La Sala II del tribunal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvió a favor de Grabois al considerar que “el derecho a adquirir legitimación activa no puede depender de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, sino de la hipótesis de los acusadores”. Es decir, no hace falta probar el delito para involucrarse en la causa, sino simplemente sostener que existe la posibilidad de que haya ocurrido.
El fallo le abre la puerta a Grabois para acceder al expediente y proponer medidas de prueba, lo que le permitirá manejar la causa con un claro sesgo político. La causa sigue bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, quien ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas, pero ahora deberá lidiar con la presión mediática y judicial que el kirchnerismo buscará instalar en torno a la investigación.
Un relato construido a medida
Desde el inicio, Grabois dejó en claro que no se sumaba a la causa por un genuino interés en esclarecer los hechos, sino para posicionarse como el gran acusador del Gobierno. “Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa, porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces. Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”, sostuvo en la audiencia ante la Cámara Federal.
Con esta afirmación, el dirigente kirchnerista ya da por hecho la culpabilidad de Milei y se posiciona como su principal adversario en el plano judicial. Más que una investigación imparcial, lo que busca es instalar un relato y desgastar políticamente al oficialismo.
Un fiscal bajo presión
Grabois también apuntó contra el fiscal Taiano, a quien acusó de no impulsar la causa con la celeridad necesaria. En su estrategia, denunció que las primeras medidas de prueba tardaron demasiado en ejecutarse, sugiriendo que hubo complicidad o encubrimiento. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos, borren las pruebas’”, lanzó.
Esta presión sobre el fiscal se da en un contexto en el que el kirchnerismo ha utilizado la Justicia como herramienta de persecución política en múltiples oportunidades. No sería la primera vez que buscan direccionar una causa para generar impacto mediático y golpear a sus adversarios.
Un armado político antes que judicial
Más allá de la supuesta defensa de las víctimas, el trasfondo de esta movida queda claro: Grabois no busca justicia, sino la oportunidad de debilitar a Milei y erosionar su imagen pública. Su rol en la causa no es el de un querellante que busca la verdad, sino el de un operador político que utilizará el expediente como una nueva bandera en su cruzada contra el Gobierno.
La causa sigue avanzando y, con la incorporación de Grabois como querellante, queda en evidencia que la intención no es solo investigar lo ocurrido con $LIBRA, sino convertirla en un nuevo campo de batalla política en el que el kirchnerismo intentará desgastar a Milei con la complicidad de una parte del Poder Judicial.
