El intento de Cristina Kirchner de dar por caducada la demanda civil en su contra por daños y perjuicios en la causa Vialidad fue rechazado por la Justicia. El reclamo, iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, busca que la expresidenta, junto a Lázaro Báez y otros exfuncionarios, responda con su patrimonio por el perjuicio económico causado al Estado, estimado en $22.300 millones.
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 2 rechazó el planteo de la exmandataria, que había solicitado que se declare la caducidad del proceso. Se trata de una causa que se desarrolla en paralelo a la condena penal que recibió por administración fraudulenta, confirmada por la Cámara de Casación y que incluyó una pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El avance de la demanda civil
La Corte Suprema reactivó la demanda en diciembre de 2022, cuando determinó que el caso debía tramitarse en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili. Vialidad Nacional, como organismo demandante, exige el resarcimiento por los daños derivados de 24 obras viales adjudicadas a Báez que quedaron inconclusas pese a haber recibido financiamiento estatal.
Kirchner insistió en que el juicio debía trasladarse a los tribunales de Comodoro Py, en lugar de continuar en la Justicia Civil. Sin embargo, el juez Marcelo Bruno Dos Santos rechazó su pedido y desestimó su planteo de caducidad por falta de avances en la causa.
El magistrado determinó que el cálculo de la defensa sobre los plazos de inacción del expediente era incorrecto y que la causa no se encontraba paralizada. En su fallo, explicó que la caducidad de la instancia solo se configura cuando no se ejecutan actos procesales con capacidad de impulsar el procedimiento, lo que no ocurrió en este caso.
El rechazo a la caducidad del proceso fue apelado por la defensa de la exvicepresidenta, pero el juzgado ratificó su decisión.
El rol del Gobierno de Javier Milei
Como el reclamo fue impulsado por Vialidad Nacional, el Gobierno de Javier Milei tiene la posibilidad de determinar su continuidad o su archivo. La Procuración del Tesoro, a cargo de la representación legal del Estado, podría decidir abandonar la demanda, limitar su avance o, por el contrario, reforzar la acción judicial con nuevos argumentos y representación legal.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el reclamo quedó paralizado. Carlos Zannini, entonces Procurador del Tesoro y exfuncionario cercano a los Kirchner, no promovió medidas para avanzar en la demanda. Además, removió a los abogados que representaban a Vialidad Nacional en el expediente.
La administración de Milei enfrenta ahora la decisión de impulsar la acción civil o mantener la misma estrategia que el gobierno anterior y dejarla caer.
El sustento del reclamo
La demanda por daños y perjuicios fue iniciada en agosto de 2019 por Vialidad Nacional. Con el objetivo de recuperar parte de los fondos públicos desviados en el esquema de corrupción en la obra pública.
El monto de $22.300 millones corresponde al 50% de las licitaciones adjudicadas a Báez que nunca se completaron. En el juicio penal, el Tribunal Oral Federal 2 determinó que existió una “maniobra fraudulenta extraordinaria” que perjudicó las cuentas del Estado.
En los fundamentos de la condena, los jueces señalaron que la defraudación total ascendió a $85.000 millones. Tomando en cuenta la actualización por inflación y el impacto sobre las cuentas públicas.
Con estos antecedentes, el reclamo civil cuenta con mayores fundamentos para su continuidad. Sin embargo, su futuro dependerá de la determinación política del actual gobierno.
