Los jubilados volverán a las calles este miércoles para manifestarse frente a un Congreso blindado. La convocatoria cuenta con el respaldo de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos opositores al Gobierno. La protesta ocurre una semana después de los graves incidentes que dejaron heridos y cientos de detenidos.
El reclamo central es el aumento de haberes previsionales. Actualmente, el 70% de los jubilados percibe la jubilación mínima, que ronda los 280.000 pesos. Los manifestantes consideran insuficiente esa cifra frente a la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La situación ha generado un fuerte malestar en amplios sectores de la sociedad, que denuncian una crisis previsional sin precedentes en el país.
En el marco de la movilización, la oposición busca presionar al Gobierno de Javier Milei en un año electoral clave. La protesta también se da en simultáneo con una sesión en la Cámara de Diputados. Allí, el oficialismo intentará aprobar el DNU que sella el acuerdo del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La discusión en el recinto promete ser intensa, ya que la oposición ha expresado su descontento con las medidas económicas del Gobierno.
Seguridad reforzada y operativo en marcha
El Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó una reunión con Sergio Neiffert y Diego Kravetz, titulares de la SIDE. También participó Santiago Caputo, asesor presidencial.
El despliegue incluirá a mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según fuentes oficiales, la estrategia será similar a la aplicada la semana pasada, cuando se desataron incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. La presencia de las fuerzas genera preocupación en los organismos de derechos humanos, que alertaron sobre un posible exceso en el uso de la fuerza.
Por su parte, el gremio de estatales ATE confirmó que sus trabajadores se sumarán a la protesta. Desde las 12 del mediodía abandonarán sus puestos para movilizarse hacia el Congreso. Se espera una nutrida participación de militantes y agrupaciones políticas, lo que podría generar cortes de tránsito en el centro porteño.
Denuncias y críticas cruzadas
Tras los hechos de violencia de la semana pasada, el Gobierno denunció a los organizadores de la marcha por «sedición», «atentado al orden constitucional» y «asociación ilícita agravada». Además, recusó a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos pocas horas después de los disturbios.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, endureció su postura y calificó la movilización anterior como un «golpe de Estado». También minimizó el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad. Lo atribuyó a «un accidente no previsto».
El blindaje del Congreso y la fuerte presencia de fuerzas de seguridad auguran una jornada de alta conflictividad. Organismos internacionales han comenzado a seguir de cerca la situación en Argentina, alertando sobre posibles violaciones a los derechos humanos en la respuesta estatal a las protestas.
Marcha o violencia: no es lo mismo. Recompensa para quien denuncie a los violentos. Llamá al 134. pic.twitter.com/n66eId0CZX
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2025
