El Gobierno nacional activó una herramienta clave para descomprimir el conflicto con el gremio de los colectiveros: dictó la conciliación obligatoria tras el fracaso de las negociaciones salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.
La decisión, tomada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, busca desactivar un paro que hubiera afectado el servicio de transporte en todo el país, y, a la vez, limitar la participación del sindicato en el paro general convocado por la CGT para el próximo 10 de abril.
Una jugada política con efecto doble
El contexto no es menor: mientras la UTA presionaba por una actualización salarial que no llegó, el oficialismo tomó nota del riesgo político y económico que implicaría un paro de colectivos en el marco de la protesta sindical contra el gobierno de Javier Milei. Por eso, y pese a que en otros conflictos el Ejecutivo había evitado el uso de esta herramienta, esta vez decidió aplicarla. Durante los próximos 15 días, el gremio que encabeza Roberto Fernández no podrá concretar medidas de fuerza.
En la práctica, esto implica que la UTA quedaría fuera del paro de la CGT. Desde el entorno de Fernández deslizan su malestar: “Está muy enojado con los empresarios, quería parar ya. Pero con la conciliación no se sabe qué pasará”, señalaron allegados al dirigente.
¿Puede adherir al paro general? Debate legal y pulseada sindical
La conciliación obligatoria impide la realización de paros mientras dure el proceso. Sin embargo, algunos especialistas plantean que podría haber una vía para que el gremio adhiera bajo el paraguas del derecho constitucional a huelga.
El abogado laboralista Gustavo Ciampa advirtió que “el Gobierno no puede usar la conciliación en un conflicto particular para impedir que un sindicato adhiera a una huelga general”. Según explicó, para prohibir la participación, debería abrirse una instancia formal de negociación con la CGT en su conjunto.
En el Ejecutivo, en cambio, sostienen que cualquier medida de fuerza durante la conciliación violaría la legislación vigente, exponiendo al gremio a sanciones que van desde multas económicas hasta la posible pérdida de personería.
Fernández, entre la tensión sectorial y la cautela política
El líder de la UTA, de 80 años, juega con ambigüedad. Aunque su gremio fue históricamente cercano al kirchnerismo y respaldó a Sergio Massa en las últimas elecciones, en los últimos meses optó por no confrontar con el gobierno libertario. Incluso, llegó a elogiar el envío de fondos por parte del Ministerio de Economía para subsidiar el transporte en el AMBA.
Pese a su bajo perfil, su participación en el paro de abril sería determinante. Sin colectivos en circulación, el alcance de la huelga se potencia. Por eso, el oficialismo apunta a neutralizarlo antes del 10 de abril.
La CGT avanza con el paro nacional
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo ratificó la medida de fuerza. Reunida en la histórica sede de Azopardo, la central obrera logró un respaldo unánime de sus seccionales y confirmó que contará con la adhesión de las dos vertientes de la CTA y de la CTERA, lo que garantiza que no habrá clases ese día en buena parte del país.
La estrategia del Gobierno, entonces, no solo busca esquivar el conflicto con el gremio de transporte, sino también debilitar el impacto del tercer paro general desde la asunción de Milei.
