La defensa de Cristina Kirchner presentará este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para pedir su absolución en la causa Vialidad. El fiscal Mario Villar también recurrirá al máximo tribunal, pero con el objetivo contrario: que se agrave la pena y se la condene por asociación ilícita a 12 años de prisión. El expediente ingresa así en su etapa final, rodeado de incertidumbre sobre tiempos, definiciones y consecuencias políticas.
Además del fallo contra la exmandataria, también serán revisadas las condenas de Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios, así como las absoluciones de Julio De Vido y Abel Fatala. La Corte deberá resolver no solo sobre las penas impuestas, sino también sobre el futuro político de Kirchner, quien podría intentar ser candidata en 2025.
Del juicio a la Corte: lo que está en juego
El caso Vialidad se centra en las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación al Estado. Esa sentencia fue ratificada por la Cámara de Casación.
El fiscal Villar pedirá que se le agregue el delito de asociación ilícita, con una pena de 12 años, como habían solicitado durante el juicio Diego Luciani y Sergio Mola. Si la Corte lo acepta, podría devolver el caso al tribunal oral para que dicte una nueva pena.
Cuándo y cómo resolverá la Corte Suprema
Uno de los principales interrogantes es el tiempo que tomará la Corte para fallar. El máximo tribunal no tiene plazos establecidos y, antes de pronunciarse, debe recibir el dictamen del procurador general, Eduardo Casal. Se espera que Casal apoye el pedido del fiscal Villar, en línea con la postura histórica de la Procuración.
El calendario político podría influir: en octubre se celebran elecciones legislativas y Kirchner podría postularse como diputada nacional. Si la Corte confirma la condena antes de esa fecha, quedaría inhabilitada para competir. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que no habrá sentencia este año para evitar un impacto electoral.
Qué puede decidir el máximo tribunal
La Corte tiene tres caminos posibles: confirmar la condena actual, absolver a la expresidenta o agravarla sumando el delito de asociación ilícita. En este último caso, el expediente regresaría al tribunal oral para una nueva pena. Si se ratifica la condena por defraudación, la sentencia quedaría firme y podría ejecutarse.
CFK cumplió 72 años en febrero, por lo que podría solicitar el cumplimiento de la pena en su domicilio. La prisión domiciliaria por edad no es automática y depende de la decisión de los jueces, aunque es habitual en personas mayores de 70 años.
La dimensión política y la reacción de Milei
El presidente Javier Milei se refirió recientemente a la causa y aseguró que “Cristina sabe que va a ir presa”. Calificó su accionar en el Congreso como un “intento de golpe institucional” y señaló que debería comenzar a escribir sus memorias “en los ladrillos de la cárcel o en la casa donde decida recluirse”.
La exmandataria respondió acusando al oficialismo de querer tapar el acuerdo con el FMI y las consecuencias sociales del ajuste con su persecución judicial. “Insisten con el grito de ‘presa, presa, presa’ para tapar el saqueo a la Nación y la miseria para el pueblo argentino”, escribió.
La Corte y sus integrantes: otra incógnita clave
Otro elemento central es la integración del tribunal que decidirá. Actualmente la Corte tiene cuatro miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla. El Ejecutivo propuso completar la composición con el juez Ariel Lijo, pero su nombramiento, como el de García-Mansilla, debe ser convalidado por el Senado.
El próximo jueves está convocada una sesión en la Cámara alta para tratar los pliegos. Si se rechazan, la Corte podría volver a quedar con tres integrantes. Si se aprueban, se resolvería su composición. El bloque kirchnerista será determinante en esa votación, lo que añade tensión política al proceso.
García-Mansilla ya asumió por decreto, pero si el Senado lo rechaza, se abre una discusión legal sobre si puede permanecer en el cargo hasta noviembre. El juez ya dijo que solo puede ser removido por juicio político. Ese debate también podría condicionar la legitimidad del fallo que se dicte sobre Cristina Kirchner.
