Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará un decreto ejecutivo que tiene como objetivo cerrar el Departamento de Educación del país. De acuerdo con información proporcionada por la Casa Blanca, esta medida busca cumplir una promesa de campaña del mandatario y reconfigurar el panorama educativo de la nación. La secretaria de Educación, Linda McMahon, será la encargada de facilitar el cierre del departamento, asegurando la continuidad de los programas y servicios que dependen de él.
Cerrar el departamento por completo no es una tarea sencilla y probablemente requeriría una reforma legislativa. Sin embargo, en los primeros meses de su mandato, la administración Trump ya ha tomado medidas que han reducido de manera significativa el tamaño y la función de la agencia. La reducción del personal a la mitad y la eliminación de contratos considerados innecesarios marcan el rumbo de la política educativa en esta nueva etapa.
Redefiniendo el sistema educativo
El Departamento de Educación cumple varias funciones clave, entre ellas, la distribución de fondos federales a universidades y escuelas, y la gestión de los préstamos estudiantiles. Si bien el presidente Trump ha afirmado que su objetivo es eliminar este departamento, también ha indicado que redistribuirá estas responsabilidades a otras agencias federales. La medida afectaría a millones de estudiantes y a la forma en que se distribuyen los recursos destinados a la educación pública.
Trump ha manifestado su intención de recortar los fondos federales a las instituciones educativas que promuevan lo que él considera contenidos inapropiados, como la teoría crítica de la raza o las políticas sobre identidad de género. A su vez, ha expresado su apoyo a las escuelas con elección universal, que permiten a los padres elegir la escuela en la que inscribir a sus hijos, en lugar de depender del distrito escolar local.
Los desafíos en los préstamos estudiantiles
El Departamento de Educación también juega un papel fundamental en la gestión de la deuda estudiantil en EE. UU., que asciende a más de 1,5 billones de dólares. Este departamento administra importantes programas como la Beca Pell y la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que facilitan el acceso a la educación superior. Si se cierra el departamento, estas funciones tendrían que ser asumidas por otras agencias.
El presidente Trump ha criticado la iniciativa de la administración de Joe Biden de condonar parte de la deuda estudiantil, calificándola de “ilegítima”. Aunque Trump no ha detallado cómo manejaría la deuda estudiantil, se espera que la medida de cerrar el departamento afecte directamente a los mecanismos de apoyo financiero a los estudiantes.
Impacto en los derechos civiles
Otra función relevante del Departamento de Educación es su papel en la protección de los derechos civiles en el ámbito educativo. A través de su Oficina de Derechos Civiles, el departamento investiga denuncias de discriminación y emite directrices sobre cómo aplicar las leyes que protegen a estudiantes de grupos vulnerables, como los LGBTQ+ y los afroamericanos.
Bajo la administración de Donald Trump, la oficina ha priorizado investigaciones relacionadas con antisemitismo y casos de discriminación hacia estudiantes transgénero. Trump también ha manifestado su intención de modificar las protecciones del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por género, excluyendo a los estudiantes transgénero de ciertas protecciones.
La orden ejecutiva de Donald Trump representa un cambio drástico en la política educativa de Estados Unidos. Aunque su implementación aún enfrenta obstáculos legales y logísticos, esta medida refleja la intención del presidente de reestructurar profundamente el sistema educativo, afectando desde los préstamos estudiantiles hasta la protección de los derechos civiles en las escuelas. Esta nueva etapa promete transformar el futuro de la educación en el país.
