El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión del fiscal allana el camino para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia, última instancia judicial que podría intervenir en el caso.
El rechazo de la apelación detalla que los argumentos de la defensa de la vicepresidenta ya se analizaron y desestimaron previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación. En su dictamen, Villar sostuvo que los planteos de Kirchner “no son más que reiteraciones” de su recurso anterior y que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, lo que refuerza la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso.
El pedido de la expresidenta para que se declare la nulidad de la sentencia se basa en su insistencia de que las adjudicaciones a Lázaro Báez se realizaron dentro del marco legal y que no existió perjuicio para el Estado. Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal N°2, que dictó la condena en diciembre de 2022, como la Cámara de Casación, que la ratificó en noviembre de 2023, determinaron que hubo fraude en la concesión de 51 obras viales en Santa Cruz, con sobreprecios y favoritismo hacia Báez.
El contexto de la causa y los argumentos de la condena
La Causa Vialidad fue uno de los expedientes más relevantes de los últimos años en la Justicia argentina. Se investigó la adjudicación de licitaciones durante los gobiernos kirchneristas a Austral Construcciones, empresa de Báez, considerado el principal beneficiario de los contratos estatales en la provincia de Santa Cruz.
El Tribunal que llevó adelante el juicio consideró probado que la operatoria favoreció exclusivamente a Báez mediante mecanismos irregulares que evitaron la competencia real en las licitaciones y permitieron la asignación de obras a sobreprecio. Además, muchas de las construcciones terminaron inconclusas o nunca se iniciaron, pese a que el Estado desembolsó fondos millonarios.
En su fallo, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, determinó que se configuró un esquema de corrupción sostenido a lo largo de 12 años. La sentencia se ratificó en noviembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que la maniobra fraudulenta se llevó adelante “con grado de certeza”, al constatar que los procesos de licitación y contratación de obras fueron irregulares y perjudicaron los intereses del Estado.
Uno de los puntos centrales de la condena fue la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos públicos, sanción que impediría su regreso a la política en un eventual nuevo intento de postulación electoral.
El pedido del fiscal de aumentar la condena
En paralelo al intento de la defensa de Kirchner de revertir la condena, el Ministerio Público Fiscal también presentó un recurso, pero con una postura opuesta: solicitó que la pena se aumente y que se la condene también como jefa de una asociación ilícita.
Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían argumentado que la estructura de corrupción en torno a las licitaciones viales no solo implicaba administración fraudulenta, sino que configuraba una asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios cercanos al poder. Aunque el Tribunal descartó esa figura en su fallo, la fiscalía insiste en que la participación de la expresidenta fue clave en el armado del esquema de corrupción y que la pena debería reflejar esa responsabilidad.
En su presentación ante la Cámara de Casación, el fiscal Villar respaldó ese pedido y reiteró que la maniobra de desvío de fondos se llevó adelante con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”, en clara alusión al papel de Kirchner.
El destino del expediente y el papel de la Corte Suprema
Con el dictamen de Villar, la Sala IV de la Cámara de Casación deberá resolver si concede el recurso extraordinario y eleva el expediente a la Corte Suprema de Justicia. En caso de aceptarse, el máximo tribunal deberá analizar si hay razones jurídicas para revisar la condena o si la sentencia queda firme en su estado actual.
La intervención de la Corte Suprema en causas de corrupción de alta repercusión política fue un factor de tensión en distintas administraciones. En este caso, el fallo final definirá no solo el destino judicial de Kirchner, sino también su futuro político, ya que una condena firme con inhabilitación perpetua la excluiría formalmente de cualquier candidatura.
En tanto, la causa Vialidad sigue siendo un emblema de las investigaciones por corrupción en la obra pública y representa un caso testigo en el tratamiento de delitos contra la administración del Estado. Mientras el kirchnerismo denuncia una “persecución judicial”, el fallo de Casación y el dictamen del fiscal refuerzan la hipótesis de que existió una estructura de corrupción montada desde el poder político.
