El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas en Argentina, convocó a un paro nacional de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento estructural del sistema universitario.
La decisión fue tomada durante la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales, entre ellas la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Los reclamos de los gremios universitarios
Uno de los principales puntos de conflicto es la pérdida salarial acumulada por los trabajadores universitarios. Los gremios denunciaron que los incrementos salariales otorgados recientemente por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) son insuficientes para compensar la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.
En detalle, los aumentos fueron del 1,5% en enero y del 1,2% en febrero, cifras que, según los sindicatos, no logran revertir la caída salarial registrada durante 2024. Desde el Frente Sindical señalaron que esta situación pone en riesgo la calidad educativa y la capacidad operativa de las universidades públicas.
“Se pone en riesgo el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, el funcionamiento básico de las universidades”, advirtieron los gremios en el plenario.
A esta crisis salarial se suma el impacto del presupuesto prorrogado para 2025, que agrava la situación de las universidades públicas al no contemplar una actualización de los gastos de funcionamiento ni mejoras en los salarios.
Desde el Frente Sindical sostienen que esta decisión refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno nacional con la educación superior pública, lo que motivó la convocatoria a un nuevo plan de lucha.
Un 2024 marcado por los paros universitarios
Durante el año pasado, las universidades públicas fueron escenario de una serie de paros, movilizaciones y protestas, en reclamo por la crisis presupuestaria y la falta de actualización salarial.
El primer gran hito fue la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que visibilizó el ajuste en las casas de estudio. La movilización fue masiva y marcó el inicio de un año de fuertes tensiones entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional.
El conflicto escaló con un paro nacional el 4 y 5 de junio, en el que los sindicatos denunciaron una pérdida de poder adquisitivo del 42% desde diciembre.
El anuncio de la medida de fuerza del 17 y 18 de marzo llega un día después de que los rectores universitarios acordaran con el Gobierno una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento, acuerdo que no incluyó mejoras salariales para los docentes universitarios.
Una segunda mitad del 2024 marcada por los paros
Frente a la falta de avances en las negociaciones paritarias, los gremios impulsaron otro paro de 48 horas el 11 y 12 de junio, afectando el dictado de clases en universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país.
A mediados de agosto, la falta de respuestas del Gobierno motivó una nueva huelga de 72 horas entre el 12 y el 14 de agosto, seguida de otra medida de fuerza los días 20 y 21 de agosto.
Las protestas se intensificaron cuando el Gobierno nacional anunció su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que provocó una nueva Marcha Federal Universitaria el 2 de octubre y una seguidilla de medidas de fuerza en distintas casas de estudio.
El conflicto tuvo su punto más álgido en octubre, cuando más de 20 universidades fueron tomadas por estudiantes y activistas en rechazo al ajuste presupuestario.
