El Gobierno anunció la eliminación de una serie de programas sociales y culturales del Ministerio de Capital Humano, gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Según el Ejecutivo, la medida busca «lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos».
Las iniciativas fueron dadas de baja a través de once resoluciones del Ministerio de Capital Humano, publicadas en el Boletín Oficial. Esta decisión impacta directamente en diversas políticas públicas destinadas a la protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entre los programas eliminados se encuentra «Participar en Comunidad», regulado por la resolución 143/2025. Esta iniciativa buscaba fomentar la participación de organizaciones y actores comunitarios para responder a las necesidades de sectores vulnerables. Además, promovía el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios.
Eliminación de programas de promoción y protección de derechos
Otra de las bajas significativas es la del «Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos», establecido en la resolución 144/2025. Su objetivo era fortalecer el reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derechos, promoviendo su integración familiar y comunitaria. En ese marco, también se creó el Centro de Promoción de Derechos (CPD), ahora discontinuado.
De la misma manera, el Gobierno derogó los programas «Espacio Unzué», «Espacio Sarmiento», «Espacio Crescencia Boado de Garrigós» y «Colonia Gutiérrez e Inchausti» mediante la resolución 146/2025. Estas iniciativas se enfocaban en fortalecer la protección y promoción de derechos de la infancia, así como en fomentar la convivencia familiar.
Además, la resolución 147/2025 dejó sin efecto la norma que regulaba el funcionamiento de los Centros de Referencia. Estos espacios servían como instancias de articulación territorial del Ministerio en todo el país.
Cierre de programas recreativos y de apoyo a la infancia
El Ministerio de Capital Humano también eliminó programas orientados a la recreación y el esparcimiento infantil. Con la resolución 148/2025, se disolvieron «Jugando Construimos Ciudadanía» y «Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR)», cuyo propósito era garantizar el derecho al juego de niños y adolescentes.
Por otro lado, la resolución 149/2025 canceló el «Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias». Esta iniciativa estaba diseñada para asegurar el derecho al descanso, el esparcimiento y la realización de actividades recreativas.
El Gobierno también suprimió la «Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos» mediante la resolución 150/2025. Según el Ejecutivo, existía una superposición de funciones entre distintas áreas, lo que generaba una utilización ineficiente de los recursos públicos.
Cierre de instituciones de asistencia y participación
Otra de las decisiones fue la eliminación del «Departamento de Salud Integral», regulada por la resolución 151/2025. Este organismo brindaba asistencia a niños y adolescentes en institutos bajo la Secretaría de Niñez.
Asimismo, el Gobierno disolvió el «Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad» con la resolución 152/2025. Su finalidad era garantizar la protección de menores con madres en situación de encierro, ya sea en establecimientos penitenciarios o bajo arresto domiciliario.
La resolución 153/2025 eliminó la «Línea Activar», diseñada para fomentar el desarrollo comunitario y la autonomía progresiva de adolescentes. Finalmente, el Gobierno cerró el «Consejo Consultivo de Adolescentes» y el «Programa Nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes» mediante la resolución 154/2025.
Según los fundamentos oficiales, la decisión responde a la necesidad de reorganizar los recursos y evitar la duplicidad de programas. No obstante, organizaciones sociales y sectores de la oposición han manifestado su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en la infancia y adolescencia más vulnerable del país.
