El Gobierno, por medio de la Resolución 343/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, estableció la aplicación de «restricción de concurrencia administrativa» a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a 26 personas que participaron de la marcha en defensa de los jubilados que terminó con hechos de violencia entre las partes. Varias de estas personas fueron detenidas por las fuerzas de Patricia Bullrich y horas después fueron liberadas por la jueza Karina Andrade.
Según consta en la normativa oficial, los involucrados arrojaron «proyectiles y objetos punzocortantes contra efectivos de seguridad y bienes públicos y privados» y entorpecieron la circulación vehicular y peatonal. Como consecuencia de esto, 31 agentes resultaron heridos. Se decidió aplicar la reciente modificación en el derecho de admisión que restringe el ingreso a las canchas de fútbol a aquellas personas que alteren el orden público en eventos no deportivos.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la resolución responde a la gravedad de los hechos registrados y que busca evitar que los implicados puedan participar en futuros eventos deportivos. La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos consideró que la restricción de concurrencia debe aplicarse de manera indefinida. Está en línea con el programa «Tribuna Segura», diseñado para identificar y excluir de los estadios a individuos vinculados a hechos de violencia.
Los manifestantes alcanzados por la medida del Gobierno son: Alejandro Antonio Todaro Kicyla, Stefany Quiteria García Hernández, Narella Agustina Pompeo, Fernando Nicolás Rafart, Sebastián Alberto Madueño, Iván Nicolás Bustamante, Facundo Ezequiel Pitton, Francisco Alberto Medina, Jorge Fernando Alonso, José Daniel Rodríguez, Pablo César Oviedo, Maximiliano Flores, David Nazareno Ferreyra, Rodrigo Francisco Cruz Larrea, Jorge Omar Dieni, Leonardo Martín Quintana, Mariana Indira Galian, Federico Joel Rodríguez Santana Silva, David Exequiel Romero, Juan Carlos Pérez, Patricia Vanesa Gallardo, Víctor Leonardo Maccagnan, Gonzalo Gustavo Correa, Carlos Alberto Aquino, Víctor Hugo Villalba y Luis Ángel García Díaz.
El Gobierno va por más
Como si esto fuese poco, en el documento señalan que la resolución no interfiere con otras sanciones de índole penal. Esto quiere decir que el Gobierno les prohibió el acceso a la cancha a 26 personas. También serán investigadas por la Justicia y podrían ser detenidas si encuentran algún tipo de delito cometido durante las manifestaciones.
De hecho, esta causa está abierta y la Justicia investiga cámaras de seguridad, videos de redes sociales y testimonios sobre lo ocurrido el pasado miércoles en Plaza de Mayo. Hubo más de 100 detenidos que horas después fueron liberados. En el Gobierno, esto no cayó bien, por lo que decidieron denunciar penalmente a estas personas y a la jueza que los liberó.
