El Gobierno de Javier Milei dispuso la primera modificación del año en el presupuesto nacional, redistribuyendo partidas para reforzar los recursos destinados a educación, seguridad y salud. Esto se dio a conocer a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, en colaboración con el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases, según informó NA. Desde el Poder Ejecutivo consideraron que a raíz de esta emergencia es necesario la «distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones».
«Para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas«. Además, explicaron que «de no realizarse la modificación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional».
En el texto oficial el Gobierno estableció un régimen especial para regularizar deudas con las generadoras del sector eléctrico, dispuso créditos para distribuidores de energía que no tengan deudas con CAMMESA y habilitó a saldar obligaciones de Nación con las provincias mediante la cesión de bienes estatales.
Las modificaciones del Presupuesto
En la jefatura de Gabinete se consideró necesario adecuar el presupuesto «con el fin de atender las erogaciones inherentes al proceso eleccionario y desarrollo de los comicios y disminuir la asignación de aportes del Tesoro Nacional», todo esto justo después de la eliminación de las PASO a nivel nacional.
En cuánto al ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se reforzó el presupuesto «para poder atender el servicio de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas». Por su parte, en la Superintendencia de Seguros de la Nación se incrementaron las asignaciones corrientes del presupuesto «con el fin de atender los gastos inherentes a un embargo judicial».
En el área de Salud el Gobierno asignó más dinero «con el propósito de atender erogaciones inherentes a su normal funcionamiento». También se agrandó el alcance de la Agencia Nacional de Discapacidad «con el objeto de atender las erogaciones necesarias para continuar con el referido proceso de auditorías masivas de pensiones no contributivas por invalidez laboral».
Para la Casa de la Moneda, en medio de su intervención, se entendió que «resulta fundamental adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro destinados a Sociedad del Estado Casa de Moneda». A su turno, el Ministerio de Defensa también incrementó su presupuesto para pago de Retiros y Pensiones Militares.
