El Gobierno se prepara para un nuevo desafío en materia de seguridad. La manifestación convocada para este miércoles en reclamo por los haberes jubilatorios promete ser más masiva que la anterior, lo que llevó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a convocar a una cumbre con los jefes de las fuerzas de seguridad, la SIDE y las autoridades porteñas para coordinar el operativo.
En la reunión, se analizaron los errores del despliegue realizado en la última protesta frente al Congreso, que dejó 194 detenidos, numerosos heridos y el caso más grave: el disparo que impactó en el rostro del fotógrafo Pablo Grillo. La estrategia oficial busca mejorar la coordinación entre todas las áreas involucradas y evitar que la jornada derive en nuevos incidentes.
Evaluación del operativo y cambios en la estrategia
El encuentro se realizó el viernes en las oficinas de Bullrich en la calle Gelly y Obes. Participaron el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, su secretario Maximiliano Piñeiro, la secretaria de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, los jefes de las fuerzas de seguridad federales y el director nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado.
Entre las medidas que se debatieron, se acordó establecer una mesa de coordinación que supervise cada etapa del operativo: desde la inteligencia previa sobre la convocatoria hasta la desconcentración de los manifestantes. También se resolvió mantener el comando unificado, aunque con ajustes para evitar los cortocircuitos que marcaron el último despliegue.
Si bien no está previsto un aumento en la cantidad de efectivos, se buscará evitar los desbordes que se produjeron la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad actuaron con movimientos irregulares debido a la orden prioritaria de proteger el Congreso.
El rol del Gobierno y la postura ante las protestas
A pesar de la narrativa oficial sobre una supuesta presencia de barrabravas en la marcha anterior, en el Gobierno admiten que no hubo evidencia que lo confirme. Sin embargo, se identificaron fallas tácticas en el operativo, especialmente en el “barrido” de la zona, lo que llevó a prolongados enfrentamientos con los manifestantes.
Desde el Ministerio de Seguridad insisten en que no habrá cambios en la utilización de balas de goma y gases lacrimógenos, pero se buscará reducir la duración de los enfrentamientos para evitar escaladas de violencia.
Otro de los puntos que generó debate interno en el Ejecutivo es la estrategia judicial para contener las protestas. Algunos funcionarios promueven modificar la carátula de los delitos imputados a los detenidos para que sean juzgados en la Justicia federal en lugar de la porteña, lo que permitiría aplicar penas más severas. Incluso, se barajó la posibilidad de acusar a los manifestantes violentos por atentado contra la democracia y terrorismo, aunque la Casa Rosada reconoce que una decisión de ese tipo podría generar un fuerte impacto político y legal.
Bullrich y la presión sobre la Justicia
La ministra de Seguridad dedicó parte de la reunión a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los manifestantes detenidos. Desde el Gobierno anticiparon que este lunes se presentará una denuncia penal contra la magistrada, a quien acusan de entorpecer la acción de las fuerzas de seguridad.
El debate sobre cómo manejar futuras manifestaciones sigue abierto dentro del Ejecutivo. Mientras algunos sectores temen que la tensión escale aún más, otros consideran que endurecer la postura es clave para sostener la autoridad del Gobierno y evitar que las calles se conviertan en un foco permanente de protestas.
Expectativa por la próxima marcha
Según estimaciones oficiales, la convocatoria de este miércoles podría triplicar la asistencia de la última protesta, aunque no se espera que supere las 20.000 personas. Movimientos sociales y sectores del peronismo bonaerense aseguran que apoyarán la movilización, pero mantendrán un perfil bajo para evitar posibles provocaciones.
En paralelo, Bullrich avanzó en regulaciones para restringir el acceso a los estadios a barrabravas y socios que participen en protestas. Además, el Ministerio de Capital Humano apeló un fallo que obligaba a reincorporar a beneficiarios de planes sociales dados de baja por presuntamente haber participado en cortes de calles con menores de edad.
Mientras tanto, en el entorno del presidente Javier Milei analizan la situación con preocupación. Algunos funcionarios sostienen que la respuesta del Gobierno será clave para marcar el rumbo en materia de seguridad y orden público, mientras que otros advierten que un exceso de represión podría agravar el clima social.
La manifestación será una prueba de fuego para el oficialismo, que busca demostrar firmeza sin caer en nuevos errores operativos que puedan jugar en su contra.
