El Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo proyecto de Ley Migratoria con el objetivo de endurecer los requisitos para el acceso a la residencia, agilizar la deportación de extranjeros involucrados en delitos y establecer el cobro de aranceles en los servicios de salud y educación para quienes no sean residentes permanentes. La iniciativa, que el presidente Javier Milei incluyó en su discurso de apertura del 143° período de sesiones ordinarias, buscará ser aprobada en el Congreso antes de fin de año.
La nueva Ley Migratoria estará a cargo del Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y su elaboración responde a un pedido expreso de sectores del oficialismo que reclaman mayor control sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Entre sus principales modificaciones se encuentra la implementación del cobro de la salud y la educación pública para extranjeros no residentes, lo que implica que quienes no posean residencia permanente en Argentina deberán abonar por estos servicios.
Los detalles del nuevo proyecto
También se endurecerán las condiciones para obtener la residencia con requisitos más estrictos y verificaciones más rigurosas sobre antecedentes penales y medios de sustento. Además, se incorporarán más causales para la deportación inmediata, como delitos relacionados con el narcotráfico, el contrabando y la afectación del orden público. Por otra parte, se reforzarán los controles fronterizos con la instalación de nuevos radares y mejoras en los centros de control internacional para evitar el ingreso irregular de personas y mercaderías.
Milei justificó la necesidad de la reforma durante su discurso en el Congreso, señalando que «Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos». En ese sentido, subrayó que el país debe «permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes» y «endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen».
La experiencia provincial y los costos del sistema
El cobro de servicios públicos a extranjeros transitorios es una medida que ya comenzó a implementarse en algunas provincias con el objetivo de reducir el gasto en salud. En Salta, por ejemplo, la medida generó un ahorro de aproximadamente $60 millones solo en un hospital, lo que representa casi el 50% del presupuesto total de otros centros de salud provinciales. La decisión apunta a frenar los llamados tours sanitarios, una práctica frecuente en la que ciudadanos de países vecinos viajan a Argentina exclusivamente para recibir atención médica gratuita. Otras provincias, como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, han manifestado su intención de aplicar medidas similares.
En el ámbito educativo, la propuesta del Gobierno genera más resistencia, ya que el acceso irrestricto a la educación pública ha sido defendido históricamente por amplios sectores de la sociedad y la oposición. Aun así, en la Casa Rosada sostienen que «el sistema debe ser sostenible» y que no descartan impulsar el cambio mediante un decreto en caso de que el Congreso rechace el proyecto.
Deportaciones y control fronterizo
Otra de las medidas clave del proyecto es la expulsión inmediata de extranjeros con delitos infraganti. Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la nueva normativa incluirá la prohibición de reingreso para deportados por delitos graves o por falsificación de documentos. Adorni también explicó que los detenidos por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, se expulsarían y se les prohibirá el reingreso.
Además, se fortalecerán los controles fronterizos para evitar el ingreso irregular de personas y el tráfico de mercancías. El Gobierno ya ha llamado a licitación para la compra de nuevos radares y la modernización de los centros de control migratorio, en un intento por frenar el contrabando y el tráfico de drogas en pasos no habilitados.
Un modelo inspirado en las políticas de Donald Trump
La iniciativa del Gobierno argentino se alinea con medidas similares implementadas en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, con quien Milei mantiene una estrecha relación política. De hecho, fuentes oficiales indicaron que algunas disposiciones del líder republicano servirán como modelo para la reforma migratoria en Argentina.
Uno de los puntos que se modificaría en la actual legislación es el artículo 6 de la Ley de Migraciones 25.871, que establece que «el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales». Con la reforma, el acceso gratuito a la salud y la educación quedaría restringido solo a quienes posean residencia permanente en el país.
El oficialismo confía en que el proyecto contará con el respaldo de sectores que impulsan una política migratoria más restrictiva, aunque el debate en el Congreso no será fácil. Mientras tanto, el Gobierno mantiene en agenda la posibilidad de recurrir a un decreto para acelerar los cambios si la iniciativa no prospera en el ámbito legislativo.
