Durante el fin de semana, la tragedia en Bahía Blanca pareció dejar de lado la grieta política. Funcionarios del Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) trabajaron juntos en la emergencia causada por el temporal. Ministros como Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) fueron vistos junto al gobernador Axel Kicillof en las zonas afectadas, coordinando esfuerzos de asistencia. En un gesto poco común, tanto la Nación como la Provincia destacaron públicamente la colaboración mutua.
Sin embargo, la tregua duró poco. Apenas unas horas después, comenzaron los reclamos cruzados entre ambas administraciones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el Gobierno nacional está dispuesto a colaborar en la reconstrucción, pero que es la Provincia la que debe presentar un plan. «La organización de eso es de la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar y ayudarlos», afirmó en declaraciones radiales.
Por su parte, Kicillof denunció que el Gobierno nacional suspendió el financiamiento de 1.000 obras públicas en Buenos Aires, incluyendo la construcción de 80 escuelas. Según el gobernador, el argumento del Ejecutivo de Javier Milei sobre la falta de recursos facilita la gestión porque exime de responsabilidades. «Es fácil gobernar diciendo que no hay plata», lanzó en una conferencia de prensa.
Cruces y acusaciones tras la emergencia
Las declaraciones de Kicillof fueron respaldadas por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien apuntó contra la política de ajuste de la Nación. «Hay que hacerle entender a algunos que si se habla de obra pública cero, pasan estas cosas», sostuvo. Además, criticó a quienes defienden el recorte de la inversión en infraestructura, afirmando que la paralización de proyectos puede agravar situaciones como la de Bahía Blanca.
Mientras tanto, desde la Nación insisten en que la gestión provincial debe liderar la reconstrucción y definir las prioridades. Francos reiteró que «la reconstrucción tiene que tener un plan» y que la administración bonaerense debe determinar cómo utilizar los recursos disponibles. Esta postura generó cuestionamientos desde la oposición, que considera que la ayuda debe ser más concreta e inmediata.
El impacto económico y social del temporal
La discusión sobre la financiación de la reconstrucción no es menor. Las inundaciones no solo dejaron daños en viviendas y calles, sino que también afectaron comercios y empresas. Muchos vecinos no solo perdieron sus pertenencias, sino que incluso podrían quedarse sin empleo debido a los estragos en la actividad económica local.
Lo que parecía una tregua política se transformó nuevamente en un escenario de confrontación. De esta manera, la colaboración inicial entre la Nación y la Provincia dio paso a un cruce de acusaciones sobre quién debe liderar y financiar la reconstrucción de Bahía Blanca. La emergencia sigue, pero la pelea electoral también.
