El presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Catriel, en la provincia de Río Negro, Alberto Ariaudo, presentó su renuncia al cargo tras ser acusado de amenazar con un arma de fuego a la intendenta Daniela Salzotto. La decisión le permitió evitar la prisión preventiva en el marco de una causa por coacción y portación ilegal de armas.
El episodio que llevó a la renuncia de Ariaudo ocurrió el viernes pasado, cuando las cámaras de seguridad del Municipio lo captaron ingresando al edificio del Concejo Deliberante portando un arma. La secuencia culminó una serie de amenazas contra la jefa comunal y otros funcionarios municipales que, según denunciaron, se habían intensificado en el último año.
El trasfondo del conflicto radica en un proyecto de ordenanza impulsado por Salzotto para implementar controles de consumo de sustancias en los funcionarios públicos. Según fuentes municipales, esta medida habría generado el malestar de Ariaudo, quien ya mantenía diferencias con la gestión de la intendenta.
La escalada de violencia incluyó mensajes intimidatorios a través de WhatsApp y enfrentamientos en persona. “Desde hace tiempo había amenazas, pero nunca imaginamos que llegaría a este punto”, señaló un funcionario del gabinete municipal.
La acusación y la negociación judicial
Tras la denuncia de Salzotto, Ariaudo fue detenido y pasó la noche en la comisaría. Durante la audiencia judicial, la fiscalía lo imputó por “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”.
La fiscalía estaba dispuesta a solicitar la prisión preventiva, pero el acusado se mostró arrepentido y presentó su renuncia al cargo. Esta decisión fue clave para evitar la cárcel, ya que el juez consideró que con su salida del Concejo Deliberante se reducía el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Además, la Justicia le impuso una serie de restricciones. Ariaudo deberá fijar domicilio y presentarse semanalmente ante la autoridad judicial. También tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la intendenta, el Municipio y el Concejo Deliberante, y no podrá comunicarse con los testigos ni con las víctimas. Estas medidas regirán por cuatro meses, plazo en el que la fiscalía avanzará con la investigación para determinar si la causa llega a juicio.
Las amenazas que encendieron las alarmas
La acusación judicial detalla que Ariaudo protagonizó al menos seis incidentes graves en el último mes. Entre ellos, la fiscalía presentó pruebas de mensajes amenazantes en los que el exfuncionario decía: “Te voy a entregar a tus funcionarios en una bolsita”, “Ese va a ser boleta” y “Conmigo no te hagás el poronga porque te limpio”.
El primer hecho ocurrió el 8 de marzo, cuando envió un mensaje intimidatorio al asesor técnico de la Municipalidad, instándolo a renunciar. El segundo fue el viernes pasado, cuando amenazó a la intendenta por WhatsApp antes de dirigirse al Concejo Deliberante con un arma. Luego, habría intimidado al secretario de Prensa del Municipio y habría intentado agredir físicamente al encargado del área de Comunicación.
Finalmente, las cámaras de seguridad captaron el momento en que exhibía el arma en el patio frontal del edificio municipal, lo que llevó a su detención.
“Es una persona que no está bien”
Ariaudo y Salzotto habían llegado al poder en la misma lista electoral, pero la relación entre ambos se deterioró rápidamente. Según el secretario de Gobierno de Catriel, Daniel Delgado, las amenazas se habían vuelto recurrentes y la situación se agravó con la propuesta del test de drogas y alcohol para los funcionarios.
“Este hombre tiene un grave problema mental. Desde hace más de un año la intendenta viene sufriendo amenazas y creemos que este proyecto fue el detonante. Se trató de minimizar la situación, pero está claro que es una persona que no está bien”, expresó Delgado.
Con la renuncia de Ariaudo, el Concejo Deliberante deberá definir en los próximos días a su reemplazante, mientras la justicia avanza con la investigación para determinar su responsabilidad en los hechos.
