El Gobierno nacional avanza en la eliminación de Vialidad Nacional, que será fusionada con Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El decreto de Javier Milei que establecerá la reestructuración está en su etapa final y marcará la desaparición del organismo tal como se conoce, con una drástica reducción de su estructura y la eliminación de cientos de cargos jerárquicos.
Durante décadas, Vialidad Nacional fue clave en la integración territorial del país y un pilar en la planificación de infraestructura. Sin embargo, con la llegada del kirchnerismo, el organismo se convirtió en el epicentro de licitaciones irregulares, sobreprecios y favoritismos. Su nombre quedó asociado a la causa penal por la que Cristina Kirchner recibió una doble condena por corrupción.
En un contexto donde la red vial se encuentra deteriorada y sin planes concretos de mejora, la administración de Milei impulsa su disolución a través de un decreto que también incluirá la eliminación de Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todas estas funciones pasarán a una nueva agencia que tendrá bajo su control las rutas nacionales.
Fuentes del Gobierno aseguran que existe una «duplicidad de tareas» entre los tres organismos, por lo que la medida busca optimizar recursos y reducir costos. La propuesta es parte de la agenda del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Recortes y reorganización
En los pasillos de Vialidad, la decisión ya es un hecho. Actualmente, el organismo cuenta con 5304 empleados, de los cuales más de 1500 ocupan cargos jerárquicos. Tras la reestructuración, esa cifra se reducirá a solo 170.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en diciembre de 2023 tenía 1049 empleados, redujo su plantilla a 717, mientras que Corredores Viales pasó de 4136 a 3622 trabajadores. En total, cerca de 10.000 empleados públicos dependen de estos organismos y su futuro aún es incierto.
El decreto que oficializará estos cambios aún no tiene fecha exacta de publicación, aunque en el Gobierno anticipan que será una de las medidas más relevantes de la gestión de Sturzenegger antes de que pierda sus facultades extraordinarias a mediados de año.
Privatización de rutas y concesiones
Mientras avanza la reestructuración, el Gobierno inició un proceso de privatización en la única ruta de peaje bajo la jurisdicción de Vialidad: el corredor mesopotámico que incluye las rutas 12, 14 y 172. Este tramo, clave para el Mercosur, conecta Zárate y Campana con Paso de los Libres.
El contrato de concesión con Caminos del Río Uruguay (Crusa), vigente desde la década del 90, finaliza el 9 de abril. Se espera que la administración de la ruta pase temporalmente al Estado hasta que se concrete un nuevo proceso licitatorio. Sin embargo, la finalización del contrato dejará sin empleo a 500 trabajadores de la concesionaria, que atraviesa un concurso de acreedores y podría declarar la quiebra.
Otras rutas concesionadas a Corredores Viales también están bajo revisión. El plan original de privatización de los tramos bajo su control quedó en suspenso, a la espera de la reestructuración que liderará la nueva agencia vial.
Quién dirigirá la nueva estructura
Uno de los puntos pendientes es la designación de la autoridad máxima de la futura agencia. Oficialmente, Vialidad Nacional está a cargo de Marcelo Jorge Campoy, pero en la práctica, el verdadero poder lo ejerce Eduardo «Lule» Menem, un hombre de confianza de Karina Milei y con fuerte influencia en la estructura gubernamental.
El futuro de la infraestructura vial en Argentina está en plena transformación. Con el cierre de Vialidad Nacional y la reconfiguración del esquema de concesiones, el Gobierno busca marcar un quiebre con el modelo estatal del pasado y abrir el camino a una mayor participación privada en el mantenimiento de rutas y autopistas.
