El Gobierno nacional dispuso, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, que los funcionarios del Estado nacional que logren reducir personal en sus respectivas áreas recibirán unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado. La medida provocó un fuerte rechazo en los gremios estatales y se anunció un paro en protesta.
Según la normativa, la asignación de estos incentivos estará sujeta a la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto. Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida forma parte de una estrategia de racionalización del gasto público y busca mejorar la eficiencia en la administración de los recursos estatales.
El mensaje de los trabajadores del Estado al Gobierno nacional
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó la decisión como «escandalosa» y denunció que se trata de un «incentivo económico para el despido de trabajadores». En respuesta, el gremio convocó a una huelga con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger.
El anuncio llega en un clima de máxima tensión en la administración pública, ya que el próximo 31 de marzo vencen alrededor de 50.000 contratos laborales. ATE exige la renovación automática de estos acuerdos y la reapertura de paritarias, argumentando que los salarios han quedado desfasados frente a la inflación.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no se pronunció sobre la medida, aunque ya anunció su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril. Desde el Gobierno defendieron la política de reducción del gasto y remarcaron que «las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre esos objetivos está el ajuste».
