El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un nuevo arancel del 25% sobre el comercio con terceros países que adquieran petróleo o gas natural de Venezuela. La medida, denominada “arancel secundario”, entrará en vigencia el próximo 2 de abril y apunta a restringir el financiamiento externo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. En Washington la calificaron como un mensaje directo tanto al chavismo como a sus aliados globales.
Trump oficializó la medida a través de su red Truth Social, donde justificó la decisión en “numerosas razones”, entre ellas, la acusación de que el régimen venezolano ha permitido el ingreso de presuntos criminales a Estados Unidos, incluyendo miembros del Tren de Aragua, al que su administración ya calificó como organización terrorista extranjera.
La política busca endurecer el cerco económico a Venezuela, especialmente tras la reactivación de operaciones comerciales por parte de empresas europeas y asiáticas. Repsol (España), ENI (Italia), Gazprom (Rusia), y compañías estatales de China e India mantienen aún vínculos con el sector energético venezolano. Según el nuevo esquema, los países que mantengan estos lazos y, al mismo tiempo, comercien con Estados Unidos, deberán pagar un 25% extra de aranceles por esas operaciones.
Chevron, la única petrolera norteamericana que aún opera en Venezuela bajo licencia, deberá cesar su actividad antes del 5 de abril, como parte de una escalada que amenaza con volver al nivel máximo de sanciones que rigió hasta 2022.
Trump refuerza su agenda migratoria con deportaciones
En paralelo al anuncio económico, se reactivaron los vuelos de deportación hacia Venezuela. Este lunes, un avión de la aerolínea estatal Conviasa, con 199 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Es decir, reanudando los operativos que se encontraban suspendidos desde febrero.
El ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, encabezó la bienvenida. Y confirmó que se trata del cuarto vuelo en el marco del acuerdo alcanzado en enero, tras la visita del enviado especial de Trump, Richard Grenell, a Caracas. El programa de repatriación había sido interrumpido por disputas bilaterales luego de que Estados Unidos revocara la licencia de Chevron y acusara a Maduro de incumplir los compromisos migratorios.
Impacto geopolítico y presión sobre aliados internacionales
Además de su impacto en Venezuela, el nuevo arancel secundario es leído por analistas en Washington como una advertencia implícita a Rusia. Fuentes del Departamento de Estado sostienen que la Casa Blanca busca disuadir al Kremlin de prolongar su ofensiva sobre Ucrania. Y así frenar su financiamiento mediante alianzas energéticas con naciones bajo sanciones.
Trump definió el 2 de abril como el “Día de la Liberación en Estados Unidos”, y aseguró que todas las agencias federales —incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza— fueron notificadas para coordinar los nuevos controles. «Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una tarea enorme!», publicó el exmandatario.
Un nuevo capítulo en la ruptura diplomática
Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante la gestión anterior de Trump, tras la reelección de Maduro en 2018 que fue calificada como fraudulenta. El vínculo no mejoró durante el gobierno de Joe Biden y sufrió nuevos deterioros tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En las que Maduro se proclamó ganador de un tercer mandato, sin reconocimiento internacional.
La crisis migratoria sigue en el centro del conflicto. Desde 2014, se estima que casi ocho millones de venezolanos abandonaron su país, empujados por una economía en colapso, hiperinflación y la persecución política.
El régimen atribuye la situación a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, organismos independientes señalan que el éxodo es consecuencia directa de una década de corrupción estructural. Además, de la brutal represión y desmantelamiento institucional.
