Este domingo vence el plazo para iniciar el trámite jubilatorio mediante moratoria previsional. La decisión del Gobierno de no extenderla encendió el debate sobre el verdadero impacto de estos regímenes en las cuentas públicas, la equidad del sistema y la viabilidad de continuar otorgando haberes a personas que no realizaron los aportes exigidos por ley.
A partir del lunes, quienes no tengan los 30 años de aportes requeridos por la normativa vigente solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que implica una cobertura inferior, condiciones más restrictivas y que se habilita recién a los 65 años de edad, tanto para hombres como para mujeres.
El sistema previsional dejará de aceptar nuevas solicitudes de jubilación por moratoria, y solo quedarán vigentes aquellas iniciadas con turno antes del 23 de marzo. Según estimaciones oficiales, unas 500.000 personas quedarían fuera del esquema jubilatorio tradicional, dependiendo exclusivamente de una pensión asistencial.
El costo silencioso de las moratorias
Durante años, los regímenes de moratoria funcionaron como una herramienta para integrar al sistema a millones de personas que, por diversas razones, no alcanzaron los 30 años de aportes. Pero también sumaron un peso creciente sobre un esquema que ya arrastra un déficit estructural. Hoy, cerca del 65% de los jubilados accedió a su haber sin cumplir los requisitos plenos.
El problema, para muchos especialistas, no es de justicia social, sino de aritmética: el sistema no recauda lo suficiente para cubrir los beneficios que otorga. Y cada vez que se amplían los derechos sin ampliar la base contributiva, se perjudica a quienes sí realizaron sus aportes.
El resultado es conocido: haberes que no alcanzan a cubrir la canasta básica, ajustes por decreto y una ANSES sobredemandada. En paralelo, el resto de la población activa continúa con descuentos previsionales que terminan financiando jubilaciones que, en muchos casos, no fueron producto del aporte sostenido.
El impacto sobre quienes sí aportaron
La sostenibilidad del sistema no es solo un debate fiscal. También lo es desde el punto de vista ético y contributivo. ¿Qué incentivo tiene quien trabajó 30 o 35 años en blanco, si el Estado iguala con quienes no realizaron aportes o lo hicieron de manera intermitente? ¿Cómo se explica que muchos de esos beneficiarios cobren casi lo mismo que un jubilado que cumplió todos los requisitos?
El problema es especialmente sensible entre trabajadores de clase media, autónomos o empleados en blanco, que observan cómo sus haberes quedan licuados en nombre de la inclusión previsional, mientras la moratoria se transforma en una herramienta de equidad, pero a costa de una mayor desigualdad hacia dentro del sistema. Además, de muchas veces haber sido usada con fines políticos como durante las gestiones kirchneristas.
Alternativas limitadas para quienes quedan afuera
A partir del 24 de marzo, quienes no hayan iniciado el trámite de jubilación con moratoria solo podrán solicitar la PUAM. Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima —hoy $293.297 con bono incluido— y exige no tener ingresos adicionales. Tampoco permite seguir trabajando, ni genera derecho a pensión para familiares.
Para muchas mujeres, el cambio implica esperar cinco años más, ya que la edad de acceso se unifica con la de los hombres en 65 años. Según cifras oficiales, en 2024 unas 243.000 personas cumplen la edad jubilatoria sin los años de aportes necesarios. Si se cuentan quienes ya superaron esa edad pero aún no accedieron a una jubilación, la cifra podría duplicarse.
Una discusión que exige una reforma de fondo
El Estado argentino lleva años usando las moratorias como respuesta a un mercado laboral informal y fragmentado. Pero el costo de esa solución —inmediata, pero parcial— se fue acumulando. Hoy, el 90% del gasto previsional se financia con impuestos y deuda, y no con los aportes de los trabajadores en actividad.
Nadie discute que debe haber cobertura para quienes no llegaron a jubilarse. El dilema está en cómo garantizarlo sin destruir los incentivos del sistema contributivo, ni seguir licuando los haberes de quienes sí cumplieron con sus obligaciones.
El Gobierno nacional optó por cerrar la moratoria. Y con esa decisión, también abrió una discusión pendiente: cómo construir un régimen previsional justo, equitativo y sostenible, que no premie a quienes no aportaron, pero tampoco abandone a quienes no pudieron hacerlo.
