El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, presentó una denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado para revertir su derrota en las elecciones de 2022. La acusación, enviada al Tribunal Supremo, sostiene que Bolsonaro lideró una «organización criminal basada en un proyecto autoritario de poder» con el objetivo de desconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Si lo hallan culpable, podría enfrentar hasta 43 años de prisión.
La denuncia alcanza a 33 personas, incluidos exministros y altos mandos militares, como el general retirado Walter Braga Netto, su candidato a vicepresidente, hoy detenido por obstruir la investigación. Es la primera vez que un general de cuatro estrellas es encarcelado en Brasil. Ahora, el Supremo Tribunal Federal deberá decidir si acepta la denuncia y abre un juicio contra el exmandatario y sus colaboradores.
El documento de 272 páginas detalla cómo Bolsonaro y su círculo más cercano conspiraron para impedir la toma de posesión de Lula. Según el fiscal Gonet, el expresidente formó una estructura criminal que intentó desconocer el resultado electoral con maniobras políticas y militares. La acusación señala que Bolsonaro alentó dudas sobre la seguridad de las urnas electrónicas, siguiendo el mismo discurso de su referente político, Donald Trump, tras las elecciones en EE.UU.
Qué dicen los abogados de Bolsonaro
Bolsonaro, que se encuentra inhabilitado para competir electoralmente hasta 2030, ha negado todas las acusaciones y asegura ser víctima de una «caza de brujas». Sus abogados han calificado la acusación de «fantasiosa e incoherente», mientras que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, denunció una persecución política.
El testimonio clave en el caso fue el de su exsecretario personal, el militar Mauro Cid, quien habría revelado detalles sobre reuniones entre Bolsonaro y generales de las Fuerzas Armadas. Según la investigación, en una de esas reuniones se discutió la posibilidad de que los militares tomaran el control del país para impedir que Lula asumiera la Presidencia. Mientras que los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea rechazaron el plan, el comandante de la Marina ofreció su apoyo y sus tropas.
El golpe nunca se concretó, pero el 8 de enero de 2023, seguidores de Bolsonaro atacaron las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio Presidencial, en un intento de derrocar a Lula. La policía sostiene que los conspiradores llegaron a considerar el asesinato del presidente electo. La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, celebró la denuncia: «Que nunca más intenten derrocar gobiernos legítimos y organizar asesinatos«.
Lula, quien pasó más de un año preso por una condena que luego fue anulada, ha prometido que los responsables del intento de golpe serán castigados. Sin embargo, también ha defendido el derecho de los acusados a un juicio justo. Mientras Bolsonaro sigue siendo la principal figura de la derecha brasileña, su futuro político y judicial dependerá de lo que resuelva el Tribunal Supremo en los próximos meses.
